POR ODALIS MEJIA
Los periodistas Huchi Lora y Nuria Piera advirtieron ayer que los principales escollos que enfrenta la implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública (200-04) es   que los funcionarios públicos no asimilan que tienen que rendir cuentas a los ciudadanos y gozan de impunidad en momentos en que en el país se ha perpetuado la corrupción y el tráfico de influencias.

Lora dijo que “los dominicanos parecieran que en lugar de presidentes, elegimos rey” con estilos de gobernar que entran en contradicción con la verdadera democracia al advertir que en esta sociedad sólo habrá transparencia cuando la misma la exija y no por iniciativas de quienes ostenten el poder.

Indicó que la información pública es útil a la sociedad cuando el ciudadano puede requerirla y cuestionarla y la autoridad la pone a su disposición porque esto conduce a la transparencia y esta a su vez a la democracia. Criticó que a dos años de vigencia de la ley 200-04 los ciudadanos y los periodistas que, amparados en esa legislación, han solicitado información, pero que también han sido pocas las respuestas. Dijo además que casi todos los funcionarios han ignorado esa herramienta legal.

Puso como ejemplo que él tuvo que someter un recurso de amparo ante un tribunal al director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, Diandino Peña, y al secretario de Obras Públicas, Freddy Pérez, por ambos negarse a entregar informaciones relativas a la construcción del metro. El caso será fallado este viernes en la Cámara Contenciosa, Tributaria y Administrativa de la provincia Santo Domingo.

Advirtió que ya existen peligros que acechan a la Ley 200-04 por el poder que esta confiere a los ciudadanos como es la iniciativa anunciada por el presidente Leonel Fernández de que someterá al Congreso un proyecto para clasificar informaciones secretas por 30 años. “La sociedad dominicana necesita menos secretos y más transparencia”, expresó Lora.

Mientras que Piera abogó por un periodismo de investigación que tenga como motivación una profilaxis del sistema público y privado y evitar la impunidad y que jamás debe estar empanado por interés mezquino o dudoso. Consideró que en el país no hay un verdadero periodismo de investigación y que gracias a el, la corrupción haya sido sacudida al menos a una escala significativa y se haya podido acorralar al punto de parcialmente limitarla.

Expresó que pese a que los casos de corrupción que ella ha presentado en su programa de investigación han logrado un golpe certero momentáneo a la lucha contra la corrupción, muy pocos han llegado a la justicia y algunos de los implicados han estado presos

 “De los otros solo nos contenta que al menos algunos de esos trabajos de corrupción de funcionarios públicos, sacudió la conciencia moral del país, y hemos llegado a pensar, simplistamente, algo es algo”, indicó. 

Manifestó que la investigación periodística en los medios escritos, donde se debería sentir con mayor presencia, es casi nula y que la costumbre es que cuando sale un nuevo  periódico  o revista, comienza con un equipo de periodistas para investigar, produce algunas noticias, escándalos sobre el tema y luego cuando logra su posicionamiento, se olvida de esa herramienta tan importante y vital en el desarrollo de la transparencia de la cosa pública, “o sea que es utilizada solo como herramienta mercadológica”.

Apuntó que los casos que han logrado salir a luz pública han tenido poca consistencia judicial, o ni siquiera una investigación mínima por las autoridades competentes al preguntarse: ¿cuál es el mensaje que recibe la ciudadanía que la impunidad es posible, que puedes robar, usar tráfico de influencia, beneficiarte de tu posición política, cobrar comisiones, etc., y nada pasa?”.

Ambos periodistas hablaron sobre el tema al participar como expositores en el seminario internacional sobre el Derecho a la Información Pública auspiciado por el Movimiento Cívico Participación Ciudadana, el Colegio de Periodistas y las escuelas de comunicación social del país.

En la actividad algunos periodistas plantearon que deben crearse unidades judiciales de apoyo para que los comunicadores puedan acudir a los tribunales cuando un funcionario no acate la Ley de Acceso a la Información Pública. Mercedes Castillo, presidenta del Colegio Dominicano de Periodistas y Javier Cabrera, director ejecutivo de Participación Ciudadana, expresaron que estudiarán la iniciativa.