Aunque la Ley de Seguridad Social fue concebida en base a principios de solidaridad y procura que los que más tienen coticen para garantizar los servicios de salud de los que menos tienen, hay funcionarios del Estado con altos ingresos que no cotizan para el Sistema Nacional de Seguridad Social. En esa situación están altos servidores de la Junta Central Electoral (JCE), la Suprema Corte de Justicia, la Cámara de Cuentas y el Congreso Nacional.

Esta y otras inconveniencias fueron expuestas por la directora del Seguro Nacional de Salud (SENASA), doctora Altagracia Guzmán Marcelino, en el almuerzo de este miércoles del Grupo de Comunicaciones Corripio. La falta de cotizaciones altas, como las que provendrían de los funcionarios señalados, pone en riesgo la sostenibilidad financiera del  sistema.

Aunque la funcionaria afirmó que SENASA será perdurable, la demanda de sus servicios es cada vez mayor sin que los ingresos por contribuciones crezcan en las mismas proporciones. Los servicios para los pensionados representan para este seguro una carga en constante crecimiento, que va reduciendo su capacidad. Esto, sin contar la necesidad de fortalecer la cobertura por enfermedades de alto riesgo. Es necesario mejorar la capacidad del seguro estatal y sacarlo de los aprietos en que lo han colocado la falta de cotizaciones.

Migración ilegal y soberanía

En el ordenamiento jurídico de cada país hay reglas específicas que condicionan la entrada y permanencia de extranjeros al cumplimiento de ciertos requisitos.  Podría decirse, sin temor a yerro, que son reglas de aceptación universal. La repatriación de extranjeros indocumentados es, también, universalmente aceptada como un recurso de soberanía nacional al que tiene derecho el país afectado por la presencia de indocumentados. Es, de por sí, una sanción benigna para el delito en cuestión.

Y ha hecho bien el Presidente Leonel Fernández al reafirmar, durante su reciente visita a Brasil, el derecho que tiene la República Dominicana a repatriar a todo extranjero indocumentado.   El caso particular de las deportaciones de inmigrantes ilegales haitianos ha sido utilizado por grupos que dicen defender los derechos humanos y que se resisten a reconocer los derechos de soberanía. Vale la reafirmación.