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La sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, que establece que no son dominicanos los hijos de extranjeros en tránsito nacidos en el país, se constituyó en un grave problema que distrajo la atención del gobierno en su segundo año.
Desde el principio el propio presidente Danilo Medina reconoció ante un grupo de afectados que se trataba de un drama humano al que había que buscarle solución, pero se encontró de frente con funcionarios de su propio gabinete que pensaban lo contrario. El liderazgo de su partido guardó silencio.
El tema obligó al mandatario a estar a la defensiva no solo frente a los afectados, sino ante entidades que apoyaban el dictamen, como La Fuerza Nacional Progresista, que llegó a desafiar la postura del Ejecutivo.
Video: Sentencia 168-13, la «papa caliente» del gobierno de Danilo Medina
También tuvo que emplearse a fondo en limpiar la imagen del país frente a la comunidad internacional por el descrédito que le ocasionó la sentencia en materia de derecho.
Desde antes la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, venía apoderada de decenas de recursos, luego que a partir del año 2007 la Junta Central Electoral empezara a negarles copias de sus actas a los descendientes de haitianos. El dictamen 168-13 contribuyó al aumento de dichas denuncias.
En diciembre del 2013 una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos giró una visita al país para constatar de cerca la situación. Esa vez recibieron cerca de cuatro mil testimonios y peticiones, dando cuenta en su informe preliminar del racismo y violación de derechos al que estaban siendo sometidos.
A raíz de las críticas el presidente se vio obligado a enviar una comisión de alto nivel integrada por el Ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo; el Consultor Jurídico, César Pina Toribio; el Ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul y el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, a explicar las razones y el alcance de la sentencia ante el Consejo Permanente de la OEA.
En ese mismo escenario el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza se pronunció en contra de lo que llamó «un problema internacional de derechos humanos”, señalando textualmente “Está clarito nadie puede ser despojado de su nacionalidad”.
El CARICOM también emitió un comunicado de rechazo a la sentencia y llegó a bloquear el ingreso del país a ese organismo.
El ambiente de preocupación por los posibles efectos de la sentencia cifraron conjeturas en torno a una posible ruptura del acuerdo Petrocaribe con Venezuela, país involucrado de cerca en la problemática en calidad de mediador de un diálogo de alto nivel entre Haití y República Dominicana, pospuesto en cuatro ocasiones consecutivas.
Esto obligó al mandatario a cumplir el compromiso suscrito con Haití en Venezuela de acelerar la creación de un proyecto de ley que definiera la situación, para lo cual agotó una intensa jornada de consultas con diversos sectores de la sociedad.
La promulgación de la Ley 169-14 sobre el régimen especial de nacionalidad y naturalización, el pasado 23 de mayo trajo un respiro, pero la demora del reglamento y algunas disposiciones del mismo recrudecieron el malestar.
Esta ordenanza además ha tropezado con el accionar de la Junta Central Electoral, que hasta ahora ha despachado a cuenta gotas las solicitudes de documentaciones, poniendo en evidencia el boicot a la misma.
El país aun continúa en la mirilla de la comunidad internacional. Prueba de ello lo constituyen las recientes visitas del vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden; el Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki Moon y el presidente de la Unión Europea, Herman Rompuy; los tres ponderaron el esfuerzo de Danilo Medina por lograr el consenso de solución y mostraron interés de colaborar en la rapidez del proceso.
Pese a la existencia de la Ley y su Reglamento la inconformidad aún pica y se extiende.
