Ahora resulta que la anulación del Código Penal por parte del Tribunal Constitucional era algo que se esperaba según el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, quien recordó que en su momento advirtió que la pieza había que llevarla al Senado previo a su promulgación por parte del presidente Danilo Medina. Y lo mismo opinan juristas tan bien acreditados como Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de Finjus, y Cristóbal Rodríguez, quienes coinciden en que hubo vicios procedimentales durante su aprobación. Pero todavía hay más. Reinaldo Pared Pérez, secretario general del PLD, dice que también había advertido al Poder Ejecutivo que las observaciones al Código Penal debían ser aprobadas por las dos cámaras del Congreso, por lo que el Tribunal Constitucional no tenía otra opción que declararla inconstitucional. ¿Por qué entonces el presidente Medina lo promulgó, desoyendo las autorizadas recomendaciones de su Consultor Jurídico y del expresidente del Senado? ¿Por qué los diputados no enviaron las observaciones al Senado, obviando un trámite que, por elemental, no podía ignorar su presidente Abel Martínez? La diputada Minou Tavárez Mirabal, candidata presidencial de Opción Democrática, cree tener las respuestas, pues fue testigo de primera mano de las “manipulaciones e irregularidades” que se produjeron durante su conocimiento en la cámara baja: todo fue parte de una estrategia destinada a sabotear desde adentro su aprobación, y quedar bien –agrego yo– con Dios y con el Diablo. La estrategia, como ya sabemos, funcionó a la perfección, pues los principales protagonistas del montaje desempeñaron sus papeles con propiedad y suficiencia, a tal punto que el gran público aplaudió y celebró la farsa. El mismo gran público, duele admitirlo, que hoy se siente burlado y estafado al darse cuenta del vil engaño del que ha sido víctima.