La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) expresó ayer su preocupación por la reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC/0788/24) que abre la posibilidad de postular candidaturas independientes, al advertir que puede desvirtuar los esfuerzos realizados para fortalecer la democracia interna de los partidos políticos, permitiendo así el surgimiento de una especie de “razón antipolítica”.

Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de Finjus, abogó por una amplia discusión nacional que permita el fortalecimiento de la democracia interna de las organizaciones políticas y la promoción de mayores garantías para continuar aumentando la confianza de la voluntad colectiva en los partidos, agrupaciones y movimientos políticos.

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De lo contrario, agregó el jurista, el Tribunal Constitucional estaría arrojando a su suerte décadas de reforzamiento histórico e institucional, provocando, entonces, escenarios electorales menos representativos y mucho más opacos que los actualmente establecidos en el ordenamiento jurídico dominicano.

Compartió lo expresado por su colega Flavio Darío Espinal, en el sentido de que esa decisión del TC podría provocar el debilitamiento de los partidos y la desarticulación del propio sistema político.

En tal sentido, consideró que si bien existen desafíos importantes que superar en el contexto de la representación política, éstos no pueden aclarse en una motivación jurídica que produzca y reproduzca el surgimiento de extremos que debiliten la institucionalidad de las organizaciones políticas, generen grupos espontáneos fuera de la fiscalización y el control institucional y confundan a la voluntad colectiva desde una visión castigadora de la propia estabilidad democrática de la nación.

“En el marco del régimen electoral y de la propia función esencial del Estado, los partidos, agrupaciones y movimientos políticos encarnan la garantía idónea para el correcto desarrollo de una democracia representativa y participativa”, agregó Castaños. El TC declaró inconstitucional los artículos 156 y 157 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral (No. 20-23), los cuales establecen que la presentación de candidaturas independientes deben realizarse a través de partidos reconocidos, en virtud de las normas.