Hoy 
Alexis Medina junto a sus abogados esperaba sentencia. Alberto Calvo.
Este jueves el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional leerá íntegramente la sentencia que condena a siete años de prisión a Juan Alexis Medina Sánchez y descarga a varios imputados del caso derivado de la Operación Antipulpo.
Medina Sánchez, quien también deberá pagar una multa de 150 salarios mínimos, fue declarado culpable de soborno en el comercio y la inversión, lavado de activos, uso de documentos falsos, asociación de malhechores.
Asimismo, el tribunal condenó a José Dolores Santana Carmona a la pena de 6 años de prisión y a 5 años a Wacal Vernabel Méndez Pineda, Francisco Ramón Brea Morel, Carlos Martín Montes de Oca, Rigoberto Alcántara Batista y a Paola Mercedes y a Víctor Matías Encarnación.
Los procesados Medina Sánchez, José Dolores Santana Carmona, Wacal Vernabel Méndez Pineda, Paola Mercedes y Rigoberto Alcántara Batista y varias empresas deberán pagar 500 millones al Estado dominicano.
También, las empresas Domedical Supply SRL; Fuel American Inc.; General Supply Corporations SRL; General Medical Solution AM SRL; Kyanred Supply SRL; Suim Suplidores Institucionales Méndez SRL; United Suppliers Corporations SRL; WattmaxDominicana SRL; WMI International SRL; Wonder Island Park SRL; Acorpor SRL; Ichor Oil SRL; Globus Electrical SRL; Contratas SolutionServices CSS SRL; Constructora Alcántara Bobea (CONALBO) SRL; Proyectos Engineering & Construction PIC SRL; Reivasapt Investment SRL; Suhold Transporte y Logística SRL.
Juan Alexis Medina Sánchez y los demás condenados deberán cumplir la prisión en los centros de corrección y rehabilitación Najayo Hombres y Najayo Mujeres, en la provincia San Cristóbal, además de que deberán pagar las costas penales del proceso.
En virtud del acuerdo al que arribó con el Ministerio Público, el procesado Víctor Matías Encarnación Montero fue declarado culpable y condenado a 5 años de prisión, disponiendo el tribunal la suspensión de la pena, sujeto a reglas, entre las que se encuentran residir en el domicilio que fue notificado al tribunal. También, fue condenado al pago de las costas penales y al pago de una multa de 500 mil pesos.
El tanto que fueron absueltos Fernando Rosa, Carmen Magalys, Freddy Hidalgo, Rafael Antonio Germosén Andújar, Lina Ercilia de la Cruz Vargas, Pachristy Emmanuel Ramírez, Carlos José Alarcón, Libni Arodi Valenzuela Matos, José Miguel Genao Torres, Antonio Florentino Méndez, José Idelfonso Correa Martínez, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez y Fulvio Antonio Cabreja Gómez
También, las empresas Cemeraf y Editorama fueron absueltas por lavado y liberadas del pago de las costas penales del proceso.
En su decisión, dada a conocer alrededor de las 3:40 de la madrugada del 14 de agosto, las juezas Claribel Nivar (presidenta del tribunal), Yissell Soto Peña y Clara Sobeyda Castillo, destacaron la contundencia de las pruebas presentadas por el Ministerio Público tras reconocer la complejidad del caso. “Históricamente este tribunal no había tenido esta experiencia”.
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Además, establecieron que Alexis Medina participó en contrataciones públicas sin cumplir con los requisitos legales y que utilizó múltiples empresas para ser beneficiado con contratos del Estado.
Sobre Alexis Medina, el Ministerio Público estableció que el acusado, valiéndose de diferentes empresas en violación a la Ley 340, obtuvo innumerables contratos, los hechos tienen impacto en el Ministerio de Salud Pública con los medicamentos de alto costo, equipamiento de los hospitales, en el Ministerio de Obras Públicas con el material asfaltico, y la participación de las compras en EdeEste. En la Policía Nacional con combustible por más de 220 millones de los que no entregó un aproximado de 32 millones.
El tribunal pudo constatar que a la empresa Fuel América le faltaron requisitos básicos para participar en el proceso de compras para suplir el combustible a la Policía Nacional.
Además, constató y verificó la afectación de diferentes bombas de la Policía Nacional que completan los más de 32 millones que señaló el Ministerio Público en su acusación.
En la lectura se destacó con relación a la Policía Nacional: “Las anomalías que el tribunal identificó son asombrosas”.
También, se confirmó que se dieron sobornos en la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana (UERS).
Las juezas rechazaron la exclusión de pruebas aportadas por el órgano acusador, estableciendo que en la recolección de las mismas se cumplió con el debido proceso de ley.
El tribunal rechazó varios incidentes, entre ellos, el de la defensa de Aquiles Christopher relativo a la violación del plazo de 48 horas para la presentación de medida de coerción, en el cual pidieron la nulidad de la investigación por error de forma (fuera de plazo).
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