A propósito de la polemizada sentencia del Tribunal Constitucional, que le niega la nacionalidad dominicana a los hijos de extranjeros en tránsito nacidos en el país, conviene precisar ciertos principios fundamentales.
No es verdad que la Isla Hispaniola, que habitamos, es única e indivisible. Dos estados soberanos e independientes, Haití y la República Dominicana, cohabitan este territorio y, libremente, actúan dentro y fuera de sus fronteras en defensa de sus respectivos intereses nacionales, muchas veces contrapuestos.Para los dominicanos, preservar la división de la isla en dos Estados es un objetivo estratégico fundamental de soberanía nacional, el cual ha de cumplirse en la preservación de las líneas fronterizas, la protección del medio ambiente, la supervivencia de la unidad lingüística y cultural, el cuidado de los valores y tradiciones que sustentan la dominicanidad multicultural. Pero, sobre todo, respetando la historia.
Hay una situación histórica concreta de amplio dominio público con los nacionales haitianos, que sería prolijo detallar aquí, pero conviene señalar que así como la presencia prolongada de invasores en terreno ajeno no concede derecho de propiedad al invasor, tampoco la transitoriedad prolongada de un visitante extranjero le puede conceder la nacionalidad a él y a sus vástagos, debido simplemente al jus solis, a menos que una Ley de Amnistía redima la ilegalidad, como, por ejemplo, procura ahora el Presidente Barack Obama con una legislación migratoria para los hispanos.
La sentencia del TC se inscribe dentro de este contexto. El dominicano que rechaza estos principios medulares para nuestra supervivencia como Estado-nación, traiciona su país. Ningún organismo supranacional puede desvirtuar dicho veredicto, que ha determinado a quien corresponde la nacionalidad dominicana. Respetemos ese dictamen, que es el ejercicio de soberanía más puro de los últimos tiempos.