La Asociación Dominicana de Profesores manifestó ayer su rechazo a la decisión del Tribunal Constitucional que confirma la sentencia de la Primera Sala de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de Barahona en contra del Comité Ejecutivo Municipal de la ADP en esa ciudad. El gremio se declaró en estado de alerta, mientras estudia el dictamen.
El 21 de marzo de 2017 el Juzgado de Primera Instancia de esa provincia ordenó a la filial de la ADP reintegrase a la docencia y le impuso un astreinte de 50 mil pesos por cada día que dejen de impartir clases. Decisión que fue apelada por el gremio.
Ante el fallo del TC, la ADP anunció que su equipo de asesores legales estudiará los mecanismos que permitan al gremio preservar los derechos otorgados en la Constitución y en tratados internacionales.
En ese sentido, la presidenta del sindicato que agrupa a los profesores, Xiomara Guante, advirtió que la ADP no va a renunciar a su derecho de demandar los mejores intereses del magisterio y de la educación pública para los más pobres del país, como lo ha hecho desde su fundación.
Asimismo agregó que al TC le faltó señalar que la ADP lucha por los derechos de los maestros, conquistados a base de grandes jornadas que han permitido a la educación dominicana avanzar, tanto en términos de cobertura y calidad, como en derechos para el personal docente.
Dijo además que ante tal situación quién debió estar en el “banquillo de los acusados” es el Estado dominicano, por no cumplir con su rol de garante de derechos humanos, por lo que obliga al sindicato a salir a las calles en defensa de los intereses de la educación.