Sentencia histórica.- La sentencia debería servir de escarmiento para los involucrados, pero sobre todo como disuasivo para los que quieran imitar su mal ejemplo, entre los que vale señalar a los miembros de nuestros cuerpos armados a los que no les importa deshonrar sus uniformes dedicándose a traficar con migrantes haitianos a través de la frontera, por lo que merece que se le dé la mayor difusión posible y el mensaje que contiene pueda llegar a la mayor cantidad de destinatarios.

Es por esa razón que no sería una mala idea darla a conocer primero en los cuarteles militares, para que guardias sepan lo que les espera si se les ocurre cruzar ese límite. El Tribunal Colegiado de Monte Cristi condenó a cuatro militares a 15 años de prisión luego de ser hallados culpables de pertenecer a una red criminal dedicada al tráfico de migrantes haitianos por la frontera norte, en la que también estaban involucrados diez civiles, desmantelada por las autoridades en el llamado Caso Frontera.

Según la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Personas (PETT), los soldados “utilizaron sus investiduras para violar su deber constitucional de proteger la soberanía y seguridad nacional”. La titular de la PETT, Yoanna Bejarán Alvarez, calificó el fallo como “una victoria histórica” del Ministerio Público en defensa de la soberanía y la integridad institucional, agregando que marca “un antes y un después” en la lucha contra las mafias que operan en la frontera.

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Ojalá tenga razón y a partir de ahora, como consecuencia de esa sentencia, que impuso penas de cinco años de prisión a ocho transportistas que según la acusación se encargaban de movilizar a los indocumentados, los traficantes de haitianos, lleven o no lleven uniforme, piensen primero en las consecuencias de sus acciones. Sobre todo en la posibilidad de pasarse unas largas vacaciones, con todos los gastos pagos, en alguna de nuestras cárceles, que se parecen a cualquier cosa menos a un acogedor resort a orillas del Caribe.