El procurador general administrativo, César Jazmín Rosario, depositó ayer ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) un adendum al Recurso de casación incoado por Pro Consumidor contra la sentencia mediante la cual el Tribunal Superior Administrativo (TSA) le desconoce su facultad legal para imponer multas como sanción administrativa.
Jazmín Rosario dijo que la Procuraduría Administrativa decidió respaldar en esta oportunidad a Pro Consumidor, por entender que la sentencia evacuada por el TSA es producto de un análisis muy débil, muy superficial y errónea. Se refiere a la sentencia 183-2013, contra la resolución número 284-2012 emitida por Pro Consumidor, en la que dio ganancia de causa a la empresa Propagas.
Es una conclusión errónea en razón de que si combinamos los artículos 112 y 117 de la Ley 358-05, que consagran las sanciones de multas, y el procedimiento, tenemos necesariamente que concluir en que Pro Consumidor sí tiene la potestad de imponer multas, subrayó el procurador general administrativo.