En los últimos seis meses, República Dominicana ha estado sometida a fuertes embates políticos producto de la Sentencia TC 168/13, que no es justa ni patriótica. A su favor, los promotores de la Sentencia tienen que la mayoría de los dominicanos no quiere la migración haitiana, y en eso se amparan para confundir la opinión pública.

Primero, el gobierno dominicano es el principal culpable de la gran cantidad de haitianos indocumentados en el país. Por 100 años, el Estado ha permitido la migración ilegal de trabajadores haitianos depauperados para ofrecer mano de obra barata a los empresarios dominicanos, incluido el propio gobierno, y enriquecer funcionarios civiles y militares que trafican. Mientras esa población inmigrante creció, los gobiernos dominicanos nunca la documentaron, precisamente porque quieren trabajadores pobres y sin derechos.

Segundo, a través del tiempo, esos trabajadores indocumentados procrearon, y a sus hijos nacidos y criados en República Dominicana les correspondía la nacionalidad dominicana porque ninguna constitución dominicana antes de 2010 se la negaba. De unos 200 mil descendientes de haitianos nacidos en territorio dominicano en la actualidad, según la Primera Encuesta de Migración, 22,654 tienen papeles legítimos y 13,672 papeles ilegítimos, según la Junta Central Electoral. La mayoría no tiene ningún papel. La Sentencia TC 168/13 ha declarado todas esas personas ilegales y dispone que se le aplique el Plan de Regularización de Inmigrantes.

Tercero, ante las quejas por la injusticia de la Sentencia, el gobierno de Danilo Medina ha prometido someter al Congreso un Plan de Naturalización, pero eso no tiene sentido. ¿A quién van a naturalizar? ¿A los inmigrantes haitianos indocumentados que son haitianos? ¿A sus descendientes nacidos y criados en República Dominicana que son dominicanos? Reconocer que esos descendientes son dominicanos no significa amnistía ni fusión de la isla como dicen para atemorizar los promotores de la Sentencia.

Cuarto, República Dominicana tiene derecho a establecer sus leyes pero deben ser jurídicamente sustentables. La Sentencia 168/13 no lo es como han mostrado destacados juristas. Por eso países tan disímiles como Cuba, Venezuela y Estados Unidos coinciden en cuestionarla.

En este contexto, Danilo Medina no tiene opción feliz. Se hace rehén de la Sentencia TC 168/13 con sus implicaciones negativas a nivel nacional e internacional, o busca que prevalezca la legalidad y la justicia. Darle largas al asunto con la esperanza de que se diluya el conflicto es un juego de azar.

He aquí el nudo de la contradicción: 1) la mayoría del pueblo dominicano no quiere la migración haitiana, 2) muchos empresarios (incluido el gobierno) quieren mano de obra barata haitiana, 3) hay una Ley de Regularización de Inmigrantes aprobada en 2004 que ha regularizado muy pocos indocumentados, 4) el Tribunal Constitucional ha ilegalizado a todos los descendientes de inmigrantes indocumentados nacidos en territorio dominicano desde 1929, y 5) hay un bosquejo de Ley de Naturalización para nacionalizar a quienes el Tribunal Constitucional desnacionalizó.

¿Cómo avanza un país donde el Estado y los sectores empresariales quieren mano de obra barata sin otorgar derechos en pleno siglo 21?

La solución al tollo migratorio dominicano requiere: 1) control estricto de frontera, 2) documentar a los inmigrantes que la economía dominicana necesite, 3) repatriar de manera ordenada a los que no puedan ser empleados y no muestren arraigo en la sociedad dominicana, y 4) reconocer derechos de nacionalidad a los descendientes nacidos y criados en territorio dominicano antes de 2010.

Implementar estas medidas es complejo e implica coraje y voluntad gubernamental, pero peor es seguir aumentado la población indocumentada como ha hecho República Dominicana por 100 años.