POR GERMAN MARTE
Con las actuales estructuras del negocio de energía en el país, las plantas de carbón que el gobierno pretende instalar no son financiables, a menos que el Estado ofrezca garantías aún mayores que las otorgadas a Smith and Enron y a Cogentrix, aseguró ayer un ex superintendente de Electricidad.

Marcos Cochón dijo que si el gobierno quiere lograr que algún banco ofrezca financiamiento para la instalación de las dos plantas de carbón de 1,200 megavatios cada una tendrá que firmar contratos “todavía más leoninos que los que ha firmado con Smith and Enron y Cogentrix”.

Al participar en el Almuerzo Semanal de los Medios de Comunicación del Grupo Corripio, Cochón sostuvo que la única forma de que se puedan ejecutar los proyectos de las plantas de carbón anunciados por el gobierno es que el Estado ofrezca unos niveles garantía que hoy está cuestionando a otros contratos que ha dado y que ahora quiere renegociar con algunos generadores privados.

En su opinión, no están dadas las condiciones para que el Estado consiga financiamiento para la instalación de las plantas de carbón.

No obstante, dijo que si mañana el Estado decidiera crear las garantías contractuales suficientes para que se de el financiamiento, “lo que tenemos nosotros que hacer es exigirle al Estado que pongan sobre la mesa las garantías que les está dando a esos contratos para poder hacerlos financieramente posibles y realizables, y compararlos con los que hoy ellos están criticando a los contratos que quieren revisar”.

Explicó que lo primero que los banqueros toman en cuentan cuando van a financiera un proyecto es su bondad, la capacidad de repago de la deuda que este tenga.

Puso en duda que nuevos inversionistas se motiven a invertir en el sector eléctrico US$2 mil millones, que sería más o menos el costo de las nuevas plantas, cuando los empresarios que están dentro del negocio no están en capacidad de invertir.

Sostuvo que antes de invertir en dos plantas de carbón de US$1,200 millones cada una, cualquier banquero “medianamente serio” lo primero que va a averiguar es cuál es la capacidad de repago de la deuda que conllevan esos proyectos.

Y lo primero que va a advertir el banquero, según Cochón, es que el cobro es apenas la mitad de la energía servida.

NO VE LOGICA ECONOMICA

De su lado, Tito Sanjurjo, gerente general de Ege-Haina, dijo que muchos de los inversionistas privados del sector eléctrico no le ven lógica económica a las plantas de carbón que pretende instalar el gobierno, y por eso no participaron en la licitación que se abrió con estos fines, a pesar de que tenían la capacidad financiera para hacerlo.

Sanjurjo estimó exagerado pretender instalar ahora plantas de carbón con capacidad para producir 1,200 megavatios, cuando la demanda oscila entre 1,400 y 1,800 megavatios frente a una capacidad instalada superior a los 3,000 megavatios.

Dijo que si bien una parte de las plantas no son muy rentables porque trabajan con fuel oil número 2, en todas partes existen unidades de este tipo, porque son las que entran más rápido en operación, en caso de que se caiga el sistema.

Empero, señaló a nivel de generación, el país tiene más del 50% de reservas, cuando lo normal es que sea del 15%.

Agregó que es peligroso invertir tantos recursos en plantas de una sola tecnología, porque cuando cambia el escenario se pueden tornar poco rentables.

Advirtió que la instalación de plantas de carbón en todo el mundo crece de manera espectacular, y esto conllevará a un incremento en la demanda del mineral, y con ello un alza en el precio de este combustible.

Asimismo, observó, ya el precio de la instalación de las plantas se ha disparado, pues antes el costo del kilovatio era de US$1,200 y ahora es de US$2,300, “por eso me imagino que no se ha comenzado la construcción de estas plantas, porque no se ha podido financiar el proyecto”.

Indicó que 1,200 megavatios a US$2,300 el kilovatio son más de US$2,000 millones de inversión que habría que hacer.

Sanjurjo sostuvo que la seriedad del sistema es fundamental para lograr financiamiento a largo plazo, y puso el ejemplo de Chile, donde según dijo es posible conseguir un financiamiento a cien años para construir una planta, mientras que el plazo más largo logrado en el país ha sido a diez años.

Añadió que necesariamente el precio de la tarifa tiene que incluir el costo del repago del capital.