Esa es la cuestión. Ser o no ser un país que lucha activamente contra el lavado de activos; y contra la financiación del terrorismo; y cuyos dirigentes –públicos o privados- se esfuerzan por cumplir con los estándares internacionales contra la corrupción y el fraude. Ser o no ser un país abierto a los mercados internacionales, sin restricción alguna; con una reputación fuera de toda sospecha y con capacidad de atraer inversión extranjera. Ser o no ser una plaza financiera de primera línea internacional.

Organismos multilaterales como el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional, FATF en inglés) y ONG como Transparency International o el Basel Institute on Governance, no solo analizan periódicamente el grado de adecuación de los países a las normas internacionales contra el lavado de activos o la corrupción, sino que además colaboran activamente en la elaboración de recomendaciones y guías que gobiernos de todo el mundo adoptan a la hora de legislar. Concretamente, el GAFI es el organismo multilateral encargado de examinar y desarrollar medidas para luchar contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Formado por 36 Estados miembros y por más de 20 observadores internacionales como el Banco Mundial, la OCDE o las Naciones Unidas, el GAFI ha desarrollado los patrones y normas de referencia más sólidos que hoy han adoptado la mayoría de países del mundo y que se conocen como las 40+9 Recomendaciones del GAFI.
Todos los países del mundo están sujetos a la evaluación periódica del GAFI; evaluación que analiza el grado de preparación y de desarrollo de cada país para luchar contra el crimen financiero. La falta en el cumplimiento de estos estándares o el caso desarrollo de los mismos, puede situar a un país en una posición de exclusión en los mercados internacionales de bienes y servicios; así como con un acceso limitado a los mercados de capitales y de relaciones financieras. Los países que no han adoptado dichos estándares, sufren sus consecuencias en el aumento del riesgo país, dificultades para la emisión de deuda pública, dificultades para la captación de inversión extranjera, dificultades para el establecimiento de relaciones de corresponsalía bancaria, etc.

Si bien la República Dominicana no está designada como territorio no cooperante y por tanto no está en ninguna lista negra, todavía tiene mucho trabajo por hacer. De acuerdo al BASEL AML Index, el país está en la posición 120 de 149 países respecto al riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Transparency International ha clasificado al país en la posición 118 de 174 en su índice de corrupción y en la última revisión que el GAFI hizo en el país, 37 de las 49 Recomendaciones presentaban carencias notables (de las 16 recomendaciones imprescindibles, 14 presentaban algún tipo de deficiencia).

El porvenir del país, así como el bienestar y la prosperidad de sus ciudadanos también dependen de cómo organismos públicos y privados ponen todos los medios a su alcance para erradicar las actividades ilícitas de blanqueo de capitales y de financiación de células o grupos terroristas. La plena adopción de los estándares del GAFI, junto con la lucha continuada contra la corrupción son medidas que sin ninguna duda ayudará al país a mejorar su posición en el panorama internacional, al tiempo que contribuirá a sentar las bases de una sociedad más desarrollada, justa y moderna con un tejido empresarial sólido y abierto al mundo. Ser o no ser, esa es la cuestión.