Recientemente al entrar a un centro comercial observé la prohibición de entrada a una persona pobre y “mal vestida”. Fenómeno frecuente en oficinas públicas, restaurantes, bancos comerciales, clínicas, centros educativos y cafeterías.

Estas restricciones se justifican desde el supuesto “código de vestimenta” desconocido, no publicado y que no debe existir. Es una práctica violatoria de los derechos ciudadanos y totalmente discriminatoria. “Vestir bien” o “vestir mal” son calificaciones o juicios de valor basados en parámetros muy relativos, sujeto a imposiciones verticales y autoritarias que dejan siempre un espacio a la valoración subjetiva del que observa o supervisa.

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¿Resulta la vestimenta un atentado hacia la seguridad?

¿Qué sustratos culturales sustentan estas continuas discriminaciones hacia las personas de diferentes generaciones y sexo por la vestimenta?

La visión de que la vestimenta refleja el estatus social de las personas se sustenta en varios elementos como son:

La lógica cultural de la sociedad de consumo que vende “estatus social” y marcas, ropa, zapato, accesorio y estilos de vestir asociados a actitudes y condiciones socio-económicas

La herencia cultural de la dictadura trujillista y su continuación en los Gobiernos subsiguientes, que impuso códigos de vestimentas diferenciados y autoritarios para espacios públicos, actos sociales, lugares de trabajo y educativos. Códigos sustentados en el rechazo a la negritud desde colores, formas de vestir y peinados. Los mismos muestran segregación racial, social con un marcado elitismo.

El crecimiento de la desigualdad y la estratificación social en nuestra sociedad fortalecida con el modelo de la “apariencia” presente en las últimas décadas que genera la presión social por la búsqueda de “dinero fácil”, corrupción y endeudamiento. Los salarios que se obtienen no son suficientes para responder a esta presión social que supone “aparentar” y “vestir bien” para no ser excluido.

Visión del “pobre” como amenaza. La mirada a la pobreza de forma errónea vinculada estrechamente a la delincuencia provoca desconfianza y estigmatización hacia las personas en situación de calle o que muestran “apariencia de pobre”.

Estas situaciones de discriminación social y racial (porque los casos de discriminación por “mal vestido” siempre son hacia personas con rasgos físicos afrodescendientes) deben erradicarse en el sector privado y público. Se violan derechos ciudadanos y constitucionales: libre tránsito, acceso a servicios y al trabajo.

Las personas que cometen actos delictivos y corrupción son personas muy “bien vestidas”, tienen suficiente dinero para adquirir vestimentas con “marcas” y no son vistas como “amenaza” a la seguridad. Mantener códigos de vestimentas es promover la discriminación y exclusión de los “pobres” para favorecer “la apariencia” como modelo social, y la doble moral que esta supone.