PUERTO PRÍNCIPE, Haití. AP. Haití y República Dominicana se reunirán el próximo mes en un esfuerzo para resolver el problema generado por una orden judicial que podría dejar a miles de dominicanos descendientes de haitianos sin nacionalidad, dijo hoy el ministro de Exteriores de Haití.

El ministro de Asuntos Exteriores Pierre-Richard Casimir dijo a The Associated Press que cinco altos funcionarios de ambos países se reunirán el seite de enero en el pueblo fronterizo de Ouanaminthe.

Con la presencia de representantes de las Naciones Unidas, la Unión Europea y el Caribe, planean discutir acerca de asuntos comerciales, pero darán mayor atención a la reciente orden de una corte de la República Dominicana que amenaza con retirar la nacionalidad a hijos de migrantes que viven en el país sin residencia legal. Muchos de los afectados son descendientes de haitianos.

“El asunto principal es la orden de la corte”, dijo Casimir por teléfono. La reunión se realizará después de un encuentro que tuvieron en Caracas el presidente haitiano Michel Martelly y el mandatario de Dominicana Danilo Medina en la conferencia de países que pertenecen al acuerdo de comercio latinoamericano encabezado por Venezuela (ALBA).

Ambos países, que comparten la isla caribeña de Hispaniola, han cesado las conversaciones después de que los líderes del Caribe se sumaron a las condenas internacionales a esa orden.

Cada gobierno retiró a su embajador del país vecino. Las tensiones se elevaron al mismo tiempo que fuerzas armadas dominicanas pusieron en autobuses a más de 350 dominicanos de ascendencia haitiana y los enviaron a la frontera tras el asesinato de una pareja dominicana.

Las autoridades dominicanas sostuvieron que las personas salieron de la zona por cuenta propia porque temían represalias.

República Dominica prometió poner un alto a esas repatriaciones, dijo Casimir. Defensores de migrantes dijeron que la decisión de la corte suprema de República Dominicana emitida en septiembre afecta a unas 200 mil personas, quienes podrían perder su nacionalidad y los documentos que necesitan para acudir a la escuela o el trabajo.

El gobierno de ese país dijo en un informe preliminar que apenas unas 24 mil personas resultarían afectadas.