A pocos días para que se produzcan las nuevas elecciones en el país, nos parece interesante, realizar un análisis de los factores y actores que influyeron en la salida del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) del poder, en especial del rol que jugó la sociedad civil en el proceso electoral pasado, y si, están dadas las condiciones para que se reedite la misma alianza de este sector con el proyecto reeleccionista en marcha. Eso trataremos de determinar en este artículo.

Para la derrota del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el 2020, fue necesario que se conjugaran varios factores, o lo que en el marxismo se denomina: las “condiciones objetivas”, que es este caso se dieron dos. La primera: la división del partido en el poder, producto de la lucha intestina que libraron el sector danilista por encabezada por el expresidente Danilo Medina por imponer su reelección, y cuando no lograron reformar la constitución, prefirieron llevar a Gonzalo Castillo como candidato y el sector leonelista encabezado por el expresidente de la República Leonel Fernández que pretendía regresar a la presidencia de la República.

La segunda “condición objetiva” que se dio fue, la división o fragmentación de la oligarquía económica, respecto a su apoyo al partido o sector en el poder, obtener la nominación para la reelección, y cuando no se pudo reformar la constitución. Esta división se expresó, en el surgimiento de varias fracciones a lo interno de las organizaciones representativas del empresariado dominicano: el Consejo Nacional de Hombres de Empresas (CONEP), y la Asociación de Jóvenes Empresarios (ANJE), pasando casi la totalidad del empresariado a apoyar la propuesta de cambio de gobierno.

Otro sector de la oligarquía que retiró su apoyo a la propuesta electoral del PLD fue la iglesia católica, la cual, arreció con un discurso cada vez más critico e intolerante en contra de la corrupción, el debilitamiento institucional, las promesas incumplidas y demás falencias del gobierno danilista.

En cuanto a la sociedad civil, es importante destacar, que esta incluye tanto al empresariado como a las iglesias, y que también juegan el rol de representantes de los sectores oligárquicos, por pertenecer a las denominadas elites de poder, y que, en ese escenario electoral del 2020, también jugó un papel trascendental, otro sector de la sociedad civil, que se apoderó de las calles, y con su agitación constante fueron sembrando el gusanillo de la necesidad del cambio en la ciudadanía. Este sector es, la denominada sociedad civil progresista.

Este, sector progresista había salido de un lago letargo en el que se encontraba desde mediados de los 80,cuando en el 2001 del movimiento asume la lucha por la mejoría del sistema educativo y la calidad de la educación, encarnada en el movimiento 4%, y en el 2017, cuando asume la lucha en contra de la corrupción encarnada en el movimiento “Marcha Verde”, siendo este último movimiento, el responsable, de colocar en el imaginario popular, la importancia que tiene para un país ser gobernado por políticos honestos y transparentes.

Fue así, cuando en el año 2019, grupos progresistas tradicionales como los feministas representados por el Centro para la Acción Femenina (CIPAF, el observatorio feminista de la UASD, el movimiento de mujeres campesinas, grupos ambientalistas, LGTB etc. Y otros grupos emergentes surgidos en el 2019 como la Coalición Ciudadana Cambiemos, que luchan por el fortalecimiento de la democracia, la institucionalidad, derechos humanos y transparencia en el país, se mantuvieron en pie de lucha realizando múltiples manifestaciones y campañas en las redes para impedir la reelección danilista.

Estos grupos de la sociedad civil, se mantuvieron empoderados y decididos a detener el régimen de corrupción, impunidad y de aniquilación de la institucionalidad instaurado por el PLD, ganándose poco a poco una gran cantidad de adeptos provenientes de la clase media y de la juventud, quienes masivamente eligieron la plaza de La Bandera como su centro de históricas y multitudinarias manifestaciones.

La iglesia católica y el sector empresarial tenían como demandas en su negociación con el candidato de ese entonces, Luis Abinader, que este se comprometiera a hacer un gobierno transparente, ético, que fortaleciera la institucionalidad, una justicia independiente. Y, la iglesia, además de los puntos anteriores, demandó del candidato dar respuestas a temas de justicia social en beneficio de los sectores vulnerables.

Por su lado, la sociedad civil progresista además de transar su apoyo A Luis Abinader, con base en los puntos impulsados por la iglesia y el empresariado, sumó a su demanda, el apoyo a la equidad de género, a la aprobación a las 3 causales, mayor participación de la mujer en los espacios de poder político, además de acciones más estrictas a para la protección del medio ambiente.

A casi a 4 años de la llegada al poder de Luis Abinader, existen suficientes elementos para que, la sociedad civil, decida si reedita la alianza que impulso su llegada al poder en el 2020. En cuanto a las perspectivas de empresariado, el gobierno de Abinader ha mantenido la estabilidad macroeconómica, ha fortalecido la institucionalidad, impulsado la independencia de la justicia, se ha avanzado en materia de transparencia. De hecho, de acuerdo a Transparencia Internacional, el país avanzó 3 puntos en transparencia.

En cuanto a las perspectivas de la iglesia, además de las mencionadas anteriormente. El gobierno de Abinader ha multiplicado los programas y políticas de asistencia social en beneficio de los sectores más vulnerables, aunque se mantiene muy crítica por el alto costo de la vida, pero, no se podría plantear que se visualice una ruptura en un ataque frontal de parte de la iglesia al gobierno.

En cuanto a la sociedad civil progresista, la cual, asumió como bueno y válido los puntos anteriormente tratados como demandas de la iglesia y el empresariado, pues también eran suyos, el presidente Abinader tiene mayores deudas que cumplir. En primer lugar, después de haberse comprometido públicamente a apoyar a las 3 causales, y, a pesar de que su partido (el PRM), tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso, decidió dejar en libertad a sus congresistas para que votaran sobre el tema, terminándose imponiéndose el sector conservador.

El mismo incumplimiento se produjo con la promesa del presidente de garantizar mayor espacio de participación de la mujer en los organismos de decisión política, y más aún, su gobierno pasará a la historia, como el de más baja participación de los últimos 40 años, con solo dos mujeres como ministras, equivalente a un 8.5 de mujeres, es decir, solo 2 mujeres ocupan posiciones ministeriales.

Si bien es cierto, que el presidente Luis Abinader dispuso que todas las gobernaciones sean dirigidas por mujeres, iniciativa, que, dicho sea de paso, ya había tomado el expresidente Balaguer en los años 90, también lo es, que dichas posiciones no revieron a sus incumbentes de ningún poder, ni económico, ni político. Las gobernadoras son consideradas como meros elefantes blancos.

Entendemos que en este momento, el gobierno tiene los temas fundamentales que pudieran poner en peligro la retención del poder controlados, como la estabilidad macroeconómica, un crecimiento económico estable y programas de amortiguamiento del alto costo de la vida, por lo tanto, desde un punto de vista pragmático, no existen condiciones en este momento para impulsar una lucha por las deudas que el gobierno de Luis Abinader tiene con los sectores progresistas, especialmente las relacionadas con los derechos de la mujer. De hecho, una gran parte de este sector forma parte del gobierno.