JOSÉ BÁEZ GUERRERO
En discretos espacios de la prensa del jueves leí la noticia: el ex-banquero dominicano acusado por los dueños de un importante banco local de haber desfalcado cientos de millones de pesos y dólares, fue encontrado culpable por “robo civil” el miércoles en un tribunal de los Estados Unidos y condenado a pagar casi US$31 millones que la justicia norteamericana determinó fueron apropiados por él indebidamente. 

Me refiero, por supuesto, al caso llevado a los tribunales, tanto aquí en República Dominicana como en tribunales del extranjero, por los dueños del Banco del Progreso Dominicano y Crediprogreso, quienes reclaman justicia en el caso en que han acusado al ex-presidente de esas empresas, Pedro Castillo, quien se defiende de las imputaciones alegando no haber cometido los hechos puestos a su cargo.

 Según la nota en la prensa dominicana, el ex-banquero Castillo fue condenado el miércoles por “robo civil” y sentenciado al pago de US$30.9 millones a favor del Banco Dominicano del Progreso, de Crediprogreso y de otros demandantes, en la Corte del Onceavo B Circuito Judicial del Condado de Miami Dade en la Florida. La juez, Mary Barzee, dictaminó que existen suficientes evidencias para otorgar la indemnización a favor de los demandantes en su reclamación por robo.

 La prensa agrega que, en la sentencia, la juez Barzee reconoce que Castillo realizó 203 transferencias separadas e identificables de dinero del Banco del Progreso o de alguno de los otros demandantes, hacia cuentas bancarias en Miami, Florida. También que “ninguna de esas transferencias estuvo debidamente autorizada”, razón por la cuál se evidencia la naturaleza fraudulenta de los hechos imputados.

 La nota publicada por la prensa añade que en su dictamen la juez Barzee sentenció que “en los hechos, encuentro evidencias más que suficientes para sustentar una sentencia sumaria por las transacciones contenidas en la demanda, que de hecho ocurrieron, y que fueron en beneficio del demandado individualmente en cada ocasión, aún cuando las sumas figuran transferidas en la documentación a favor de la compañía demandada”.

 Según el abogado Stephen Gavin, de la  muy reputada firma legal Patton Boggs, que representa a los demandantes, el condenado había estado evadiendo el conocimiento de sus casos en los Estados Unidos, tanto en Miami, como en Colorado y en Boston, pero la justicia norteamericana no tolera tácticas dilatorias injustificadas. Gavin señaló que aún queda otra reclamación principal en Miami, cuyo juicio está fijado para marzo de 2008.

 Leí además que el abogado de Patton Boggs informó que, tanto los abogados de República Dominicana como los de Estados Unidos, tienen un mandato firme de los directores de Grupo Progreso y de sus empresas relacionadas de perseguir judicialmente el fraude cometido por Castillo en todas las jurisdicciones hasta las últimas consecuencias. Aclaró que las demandas en Estados Unidos son de naturaleza civil mientras que en República Dominicana se persigue al señor Castillo criminalmente.  Tras leer esta noticia, medité acerca de varios aspectos de tremenda importancia alrededor de la sentencia de la juez Barzee. La primera, es cómo resultan infructuosos los intentos por retardar la justicia en un país donde el Poder Judicial opera bajo en entendido de que justicia retrasada es casi como justicia denegada, tal como indicó el abogado de los demandantes.

 Otra cosa es, cómo una buena parte de la prensa dominicana prefiere ignorar, soslayar o disminuir la importancia de esta sentencia, que es parte del único caso de escándalo bancario criollo en que los accionistas se rascaron el bolsillo para salvar a la institución, sin solicitar ni recibir ni un chele del Banco Central, y aparte de esto, en vez de aguar el vino o tapar el barril hediondo, han hecho como corresponde: recurrir a la Justicia en reclamo de sus derechos.

 Que aquí otros imputados de casos parecidos logren burlarse de la sociedad, por complicidades políticas o la influencia de los fondos y bienes de que inexplicablemente todavía controlan, hace que cualquier buen dominicano se pregunte, ¿será siempre preferible la Justicia en inglés? Algunos tiemblan ante lo que ello implica, pues han vendido la idea de que el largo brazo del tío Sam no los afectará. El tiempo dirá.

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