Será que piensan que somos bobos, ignorantes o zopencos

El flamante Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, doctor César Pina Toribio, brillante jurista de quien nunca imaginamos que expresaría esta premonitoria frase: “Como Estado participando en arbitrajes resultantes de contratos, República Dominicana necesita fortalecer sus equipos legales, así como sus estructuras preventivas y defensivas, eficientizando la negociación de un contrato en el que se pretende incluir una cláusula arbitral”. La sentencia anterior, la pronunció con motivo  de la apertura del seminario sobre Solución de Controversias Derivadas de Contratos que se celebró en el hotel Crowne Plaza antiguo Quinto Centenario, de la ciudad de Santo Domingo.

En este simposio se abordaron las funestas consecuencias de ciertos contratos firmados por el Estado Dominicano con compañías extranjeras en las cuales se incluyeron cláusulas de arbitraje -todas hasta prueba en contrario- lesivas al Estado y al pueblo dominicano quien  con sus impuestos es el que finalmente resultó lesionado cuando las contrapartes recurrieron al procedimiento de arbitraje; el cual, de parte de los redactores de las disposiciones contractuales las habían manipulado aviesamente a su favor en contra del Estado Dominicano al que debían salvaguardar.

Al parecer, estos contratos, los cuales imaginamos que debieron pasar por el escritorio del Consultor Jurídico para justificar que el Estado Dominicano se comprometiese a cumplir lo estipulado en los mismos, no fueron debidamente tamizados para indagar el verdadero propósito que era el de ulteriormente estafar “legalmente” al Estado Dominicano, amenazando con la ejecución del mismo.

Veamos algunos casos, en los cuales, los firmantes de parte del Estado Dominicano debieron haber sido sometidos ante los tribunales de la República por la evidente estafa cometida.  Empezaremos por el último al cual ya nos hemos referido en entregas anteriores.  DOVICON.  Se le otorgó a una compañía “colombiana” la administración de los peajes de La Penda, 6 de Noviembre, autopista Duarte y otros que serían construidos posteriormente.   ¿El Consultor Jurídico no se percató del engaño que representaba el denominado peaje sombra?  Y también ¿Por qué pagarle 240 millones de pesos por la demolición de la estación de peaje en La Penda?  Esos 135 millones de dólares que el Estado Dominicano pagó, es un desfalco comparable al préstamo de 130 millones de dólares otorgado por la SUN LAND, por el cual no se ha establecido responsabilidades y ni siquiera se sabe a dónde fue a parar ese dinero y quien lo recibió y hoy estamos demandados en los tribunales de la Florida y condenados a pagar 50 millones de dólares como indemnización inicial.

¿Y el de CODACSA? a la cual se le entregó graciosamente el peaje de Las Américas para que con el importe que recibiría, construyese la Autovía del Este la cual ni siquiera le pudo dar un mantenimiento adecuado y hoy la compañía brasileña Odebrecht International está levantando el pavimento por un asfalto de mala calidad que utilizó y al mismo tiempo, terminando los tramos álgidos que esa compañía española ni siquiera empezó para entrar en La Romana.

En materia de energía eléctrica se cometieron yerros infantiles, tales como pagar a la UNION FENOSA, ENDESA y SMITH & ENRON por energía instalada y no por la suministrada.  Por supuesto, hubo una compañía que ni siquiera encendió sus plantas y al retirarse se le pagó por energía que no generó ni tampoco entregó a las redes.  Para cobrar lo indebido, amenazó con entablar un arbitraje internacional.  En esta etapa, hemos sido el hazmerreir universal y hasta los tontos del capirote se mofan solapadamente de nosotros.

Como hay tantos casos que no caben en estas reducidas cuartillas que semanalmente garrapateamos, vamos simplemente a solicitar a los organismos estatales correspondientes, uno de los cuales es la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, que identifique a los responsables de tantas tropelías cometidas contra nuestro país digno de mejor suerte y se lleven a los tribunales de la República para que respondan por tantos actos venales en detrimento de todos los dominicanos y así dar inicio al adecentamiento y la honestidad  entre los funcionarios públicos asalariados.

Como la irresponsabilidad campea por sus fueros y al parecer es colectiva, sabemos de antemano que nuestro requerimiento, así como las denunciadas por otros columnistas, colaboradores y hasta periodistas profesionales, caerá en saco roto y solo nos queda expresar como el gran Libertador Simón Bolívar al final de sus épicas luchas: “He arado en el mar”.