JUAN BOLÍVAR DÍAZ
Cuando se lee en los periódicos que durante sus últimos meses de gestión el presidente Hipólito Mejía designó como generales a catorce oficiales de diversos cuerpos de bomberos, la primera impresión es que debe tratarse de una broma o de una denuncia infundada.

Pero al adentrarse en la crónica del veterano reportero Manuel Jiménez, la abundancia de detalles configura una realidad abrumadora. Hay generales de bomberos en Baní, San José de Ocoa, El Seibo y hasta Boca Chica. Además de Santiago, La Vega y San Francisco de Macorís. Incluso una generala de 80 años, la señora Nelly Altagracia Ortega, designada mediante el decreto 184-04. En contraste, el comandante de los bomberos del Distrito Nacional, donde radica la capital de la nación, quedó con rango de coronel.

Según un informe «de inteligencia» citado por el reportero de HOY, todos los ascendidos cuentan con escoltas militares, algunos portando fusiles M-16 y AK-47 y con salarios de 40 mil pesos mensuales, a nivel de los subsecretarios de Estado.

El relajo de los bomberos fue la culminación de una semana en la que se anunció que las Fuerzas Armadas habían revocado ascensos y nombramientos de unos 800 oficiales, dispuestos durante el último año y medio de la pasada gestión gubernativa.

Entre las revisiones se incluyó la supresión de la categoría de pilotos otorgada a varios oficiales de la Fuerza Aérea que no reunían las condiciones para ese rango. También la revocación de una veintena de nombramientos de oficiales que recayeron sobre profesionales de diversas disciplinas, en violación a la ley orgánica de las Fuerzas Armadas.

La primera impresión que se recibe de estas informaciones es que se trata de retaliaciones políticas, sobre todo por la costumbre de aceptar como hechos cumplidos tales desaguisados contra las instituciones, generalmente adoptados en los finales de los gobiernos.

Afortunadamente esta vez los relajos están siendo reparados y debe mantenerse la esperanza de que las lecciones sean aprendidas para que desaparezcan para siempre y les quede el sello de nunca más.

Es evidente que esas disposiciones al margen de las leyes orgánicas de las instituciones militares o de los bomberos, y hasta contra el más elemental sentido común, se han adoptado al amparo de un presidencialismo tradicional que debe desaparecer. Sobre todo porque los avances de la sociedad los repelen.

Además de que tales decisiones, a diferencia de lo que ocurría años atrás, ya no reditúan capital político ni votos, como lo demuestra el final que ha tenido el gobierno del presidente Hipólito Mejía.

Y en vez de favorecer a los beneficiarios de los aumentos y ascensos privilegiados, los ha perjudicado, en unos casos degradándolos ante sus propios compañeros y en cierta forma estigmatizándolos, y en otros humillándolos con el despido.

Tal vez estas revisiones tengan el efecto positivo de convencer a nuestros dirigentes políticos que los relajos que hacía Joaquín Balaguer con las instituciones y que les dieron resultados en décadas pasadas, ya no pueden repetirse, porque han cambiado tanto las circunstancias socio-políticas como la sociedad dominicana.

No deja de producir desazón e indignación el que el presidencialismo exacerbado haya llegado a esos extremos en un tiempo en que la sociedad dominicana trata de reivindicar algunos avances institucionales, aferrándose al optimismo y la esperanza.

Queda la esperanza de que las lecciones sean aprendidas esta vez para siempre, aunque persisten las dudas cuando se lee también que por lo menos tres oficiales retirados que hicieron campaña por el actual presidente de la República ya fueron reintegrados a las Fuerzas Armadas.

De cualquier forma parece que Hipólito Mejía llevó a los extremos su informalidad y el espíritu de relajo que por momentos impregnó a su gestión gubernativa. Y eso sí, por lo menos, debemos esperar que no se repita nunca más.