La directora ejecutiva de la Colectiva Mujer y Salud, Sergia Galván, calificó hoy como «justa y sensata» la decisión del presidente Danilo Medina de observar la ley del Código Penal Dominicano, y la petición de que sea modificada en los artículos 107, 108, 109 y 110, del Capítulo 1 del proyecto, que tratan sobre el aborto.

Explicó que la medida del mandatario está fundamentada en la Constitución, que es clara cuando establece las responsabilidades del Estado de garantizar el derecho a la vida, a la salud, a la dignidad y a la integridad psíquica y moral de las personas.

Al ser entrevistada en el programa Toque Final, que cada domingo produce y conduce el periodista Julio Martínez Pozo por Antena Latina, canal 7, la activista feminista aclaró que no es que el aborto ha sido legalizado, ni despenalizado en su totalidad, simplemente que con esa observación lo que el jefe de Estado quiere dejar claro son los casos en que no va a ser punible el aborto.

«Donde el médico ni las mujeres no irán presos por realizar ese procedimiento: cuando corre peligro la vida de la madre, cuando un embarazo es fruto de una violación o un incesto (que afecta la salud moral, su integridad física y psíquica), o cuando hay mal formaciones que son incompatibles con la vida, no cualquier mal formación; si no tiene cerebro la criatura, es encefálica, a las pocas horas de nacer va a morir, eso es incompatible con la vida. Esos son los casos que el presidente entiende que hay que observar», expresó.

Galván dijo además, que hay que estar claros… «todas las personas tienen derecho a garantizar su vida, y ¿por qué la mujer cuando un embarazo la va a matar hay que dejarla que pierda la vida?», se preguntó, tras destacar que eso es catalogado como un acto cruel, inhumano y degradante.

Precisó que la observación al Código es muy necesaria y hace frente a un problema que el país lleva muchos años intentando buscar una respuesta. «El Código tiene 130 años y el mismo está muy de espalda a la realidad», significó.

Ve favorable el hecho de que la mayoría de los sectores de la población se hayan pronunciado a favor de esa observación, sectores como Colegio Médico Dominicano, Colegio Dominicano de Periodistas, organizaciones amplias de mujeres, sociedad civil, partidos políticos, y otros sectores de la sociedad están de acuerdo con la medida, y que por supuesto, hay sectores que están en contra.

Asimismo, entiende que la medida está centrada en el maco jurídico nacional, fundamentado en la Constitución de la República Dominicana que es muy clara en materia de garantía de derecho a la vida y a la salud, y de ahí la importancia de esa pieza.

«Nosotros tenemos más de 200 mujeres que pierden la vida por problemas relacionados con el embarazo y el parto, es decir mortalidad materna, y una parte de esas cifras se deben a la penalización del aborto», argumentó.

La activista feminista dijo que la República Dominicana está incluida en el 1% de la población mundial que penaliza de manera absoluta la interrupción del embarazo, y por eso considera que la decisión del mandatario es muy sensata, justa y coherente.

Indicó que está muy confiada en que el Congreso va a aceptar esa observación por varias razones, primero porque es un Código que lleva 17 años debatiéndose, en segundo lugar las argumentaciones para la observación son impecables en materia de derechos humanos y jurídica.

Dijo que a su juicio no hay un requiso por donde se pueda objetar, en tercero cree que los legisladores tienen también un compromiso con el pueblo y están conminados a legislar para garantizar la vida, en este caso de las mujeres.

«Sería un grave error que el Congreso rechace esta decisión, pues es más bien una oportunidad que tiene de hacer coherente el Código Penal con el marco normativo nacional e internacional de derechos humanos», sostuvo Galván.