Buenos Aires. El secretario de Seguridad de Argentina, Sergio Berni, fue imputado por supuesto enriquecimiento ilícito.

A partir de una denuncia del diputado de la UCR Manuel Garrido, el juez federal Luis Rodríguez tomó la decisión de ordenar que se investigue el incremento del 1009% en el patrimonio del funcionario entre 2006 y 2013, años en los que se desempeñó en su cargo, a instancias de lo dispuesto por el fiscal Eduardo Taiano.

El juez, además, ordenó otras medidas de prueba como un pedido a la AFIP y a la Oficina Anticorrupción de las declaraciones juradas del secretario, a partir de su llegada a Seguridad.

La denuncia busca investigar el salto en el patrimonio de 575.822 pesos a 6.387.832, cuyo 75% proviene de su complejo de cabañas en Santa Cruz.

El radical Garrido pidió que se revise la situación de las cabañas de Berni en la localidad santacruceña de 28 de Noviembre, alquiladas por Austral Construcciones, la firma del empresario K Lázaro Báez.

La denuncia del legislador radical sostiene que Báez tiene esta «operatoria recurrente» con distintas sociedades para poder «facilitar la declaración de ingresos a distintas personas físicas o jurídicas, obviamente, sin la correspondiente contrapartida en la efectiva ocupación de los lugares supuestamente alquilados».

El funcionario también tiene una denuncia por presunto lavado de activos en la empresa Logística Integral Río Turbio S. A, por irregularidades en la declaración de un crédito millonario en la firma cuyo 80% pertenece a Berni.

Curiosamente, la medida del juez se produce días después que Berni denunciara corrupción en el régimen penitenciario, al afirmar que se venden los certificados de buena conducta para que salgan los presos.

“Con la guita del sueldo, los detenidos pagan droga dentro de la cárcel» y que hay una gran corrupción en el sistema penitenciario”, había dicho Berni, quien ahora se enfrenta a este proceso judicial.