El Gobierno parece decidido a enfrentar con seriedad y valentía el problema que representa la ocupación ilegal de grandes extensiones de tierra en el Parque Nacional Valle Nuevo, por parte de grandes, medios y pequeños productores agrícolas.
Aunque un titular periodístico decía en estos días que el tema tiene en jaque al presidente Danilo Medina por los intereses económicos y políticos que medran en el caso, las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tiene la obligación de no flexibilizar su posición, por lo que implica Valle Nuevo para la producción de agua para la República Dominicana.
El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, doctor Francisco Domínguez Brito, ha explicado que la conservación de esa área protegida es un mandato de la Constitución de la República, y por tanto: “No está supeditado a un pago”. Se refiere a que los ocupantes ilegales de los terrenos, ahora reclaman indemnizaciones.
La conservación de los predios de Valle Nuevo se remonta al año 1961, y en 1964, mediante la Ley 64/00 fue declarado Parque Nacional, o sea zona vedada a todas actividades destructivas de las manos del hombre.
Este 29 de enero vence el plazo dado por Medio Ambiente a los ocupantes ilegales, y el ministro Domínguez Brito ha reiterado que no habrá prórroga para el desalojo en el parque y afirmó que nadie recibirá pagos por tierras.
Técnicos y ambientalistas han manifestado que los daños ocasionados por los ocupantes ilegales de Valle Nuevo, “ni siquiera la naturaleza” podrá repararlos en 20 años.
De ahí es que sostenemos llegar a acuerdo para indemnizar a ocupantes ilegales de Valle Nuevo, es simplemente premiar la ilegalidad.