El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), doctor Servio Tulio Castaños Guzmán, afirmó ayer que el Estado dominicano ha fracasado en dar respuesta a la seguridad ciudadana, porque está totalmente desconectado de la sociedad para enfrentar seriamente este flagelo.
“No hay una interconexión entre las instituciones. El Ministerio de Interior y Policía por un lado, por otro lado el Ministerio Público; no está claro cuáles son los elementos diseñados que conforman política criminal del Estado. Ministerios cuya competencia no es seguridad asumen el tema como el de la Presidencia; pareciera que tiene el liderazgo y quien debe tenerlo es Interior y Policía”, afirmó.

Asimismo, criticó que este es el país de toda América Latina que menos invierte en el combate a la inseguridad, a pesar de que es el factor que más impacta a los dominicanos.

“Se concentran en construcciones de obras y no de políticas y eso, evidentemente trae como consecuencia estos niveles de desórdenes”, manifestó Castaños Guzmán al ser entrevistado en el primer Congreso de Seguridad Ciudadana, promovido por el Consejo de Seguridad de Santiago (Cosesa).
Dijo que la seguridad tiene un costo político, como el tema del desorden del tránsito porque desde el Estado, asegura, no se quiere someter al orden.

Santiago. El ejecutivo de la Finjus manifestó que uno de los mayores problemas que padece Santiago, en cuanto a los niveles de inseguridad es la proliferación en los barrios de las bancas de apuestas, los colmadones y los puntos de drogas.
Afirmó que ante esa realidad el Estado debe comenzar a generar políticas y crear condiciones para modular esas situaciones, que le están dando en la cara a los habitantes de la ciudad.

Independencia judicial. Castaños Guzmán criticó que la política haya impactado de manera frontal a los actores del sistema de justicia de la República Dominicana. Asimismo, dijo que no se puede hablar de imparcialidad cuando la cúpula del Ministerio Público es miembro del gabinete.

“El factor político penetra el sistema judicial; en caso de lucha contra la corrupción, los niveles de imparcialidad están en niveles más alarmantes”, sostuvo. Abogó porque se haga una reforma constitucional para que se pueda blindar el Ministerio Público en cuanto a que sea inamovible, por un período determinado y que quien ocupe esa posición sea elegido por medio de ternas.