Una herramienta esencial para el  planificador de políticas  sociales  son los resultados de un Censo de Población y Vivienda. Con estos  resultados, es posible determinar no solo la cantidad de viviendas y  habitantes  , sino también identificar el rezago social, los grupos vulnerables, conocer las necesidades de la población de cada  localidad relacionadas con vivienda, educación, salud y  servicio de agua potable, entre otros temas.

Si bien es cierto que los resultados de un censo son importantes, no es menos cierto que al reflejar la situación imperante en un momento dado, no son indicadores por si solos de las diferentes tendencias que se producen en una sociedad sujeta a un dinamismo constante. Para detectar   esas  propensiones  es necesario tener informaciones anteriores que permita su comparación.

Según las recomendaciones de Naciones Unidas, el plazo idóneo para obtener datos que puedan ser comparados y que reflejen las tendencias de las sociedades, debe ser de una década. Este relevamiento censal  permitiría con mucha  propiedad comparar la información del último censo con la de los anteriores y analizar la variación de  la situación demográfica y social de la población.

Nuestro  país  acogió las recomendaciones de Naciones Unidas y la Ley 5096 establece que los Censos de Población y Vivienda deben llevarse a cabo  cada diez años. Esta programación  mal que bien se ha ido cumpliendo hasta la fecha y recientemente se publicaron unos resultados provisionales correspondientes al IX Censo de Población y Vivienda realizado por la ONE.

Al realizar el cotejo entre la cantidad de viviendas del IX Censo (2010) con la evaluada en el IIX Censo (2002), se aprecia  que el número de viviendas (con más propiedad “soluciones habitacionales”) se incrementó en 652,542 unidades al pasar de 2,443,315 (2002) a 3,097,857 (2010).

Es importante destacar que la producción conjunta de viviendas de los sectores formales (público y privado) en nuestro país, en su mejor momento no ha sobrepasado la cantidad de 3 mil unidades anuales. 

Considerando esa producción anual de forma sostenida  durante el periodo comprendido entre los dos censos cotejados, se concluye  que  la cantidad máxima de viviendas construidas por el sector formal (tanto público como  privado) debe ser del  orden de las 25 mil unidades, por lo que   del total evaluado como incremento, 625 mil unidades son de la autoría del  sector informal, significando esto que  más de un 95% de las soluciones habitacionales incrementadas en el periodo, son informales con  las implicaciones que esto entraña, que abarca desde la baja calidad física y funcional  de la solución, hasta el quebrantamiento   de  normas  urbanísticas imprescindibles para lograr una digna calidad de vida. No podemos olvidar que el factor más importante para el ordenamiento territorial lo constituye la vivienda, obviamente ejecutada dentro de planes y estrategias de desarrollo urbano previamente estudiados.

Este sesgo  es preocupante y es una manifestación  más de que es inevitable el abandono de las políticas tradicionales en torno al tema y se impone la adopción de enfoques y conceptos diferentes como única forma de moderar esta situación que nos está conduciendo aceleradamente a la degradación de nuestras ciudades con todas las consecuencias sociales y conductuales que esto acarrea.