POR LLENNIS JIMÉNEZ GARCÍA
La República Dominicana tiene más de un millón de extranjeros ilegales, sobre todo procedentes de Haití, para los que no se ha establecido reglas referentes al Seguro Familiar de Salud (SFS) y para los que el Estado deberá aportar la cuota para todos servicios sanitarios que demanden.

Así lo reveló ayer el vice presidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Unidad Sindical (CNUS), Rafael(Pepe) Abreu.

Dijo que, igualmente, el Estado deberá asumir los costos de salud en que incurren las mujeres haitianas que ingresan al territorio dominicano a parir sus hijos, que se estiman mil setecientas al año.

Declaró que se ha conversado de la necesidad de hacer un pacto con el gobierno haitiano, con la finalidad de que organizaciones internacionales ayuden a crear una red hospitalaria en Haití, en aras de que sus ciudadanos no dependan tanto de la atención dominicana. 

Dijo que el tema de la seguridad social para los migrantes está pendiente de discusión, porque se tocó someramente en las conversaciones previo al inicio del SFS.

Declaró que en el país no se tiene control de la cantidad de haitianos que presta servicio en la construcción, pero deberán ser cubiertos por el sistema, puesto que la Ley de Seguridad Social establece que a nadie se le podrá negar la atención en salud.

“Aunque una persona esté ilegal, la obligación del Estado dominicano es garantizarle salud y por eso los hospitales públicos tienen que estar en condiciones de brindarles esa atención”.

El sindicalista indicó que pocas empresas como el Central Romana tienen legalizada la mano de obra haitiana, contratando unos 2,000 braceros, por los cuales pagan y se conoce  su entrada y  salida del país.

Precisó que  la migración ilegal es enorme, porque no se ha regulado la haitiana, que resulta ser la mayor.

Señaló que en República Dominicana falta determinar cuántos son los migrantes que se necesitan para ciertas labores. 

Sostuvo que por complicidad tradicional no se ha querido regularizar esta situación. “Tenemos que ser solidarios con los compañeros haitianos, pero la verdad es que la migración irregular de ellos está contribuyendo a degradar las condiciones de trabajo del dominicano”.

Manifestó que el problema es tan grave, que muchas veces se dice que el dominicano es haragán, pero se debe precisamente a que el dominicano, en áreas como la construcción y la agricultura, rechaza  condiciones que a los haitianos se les puede imponer.

Dijo aspirar a que alguna vez alguien se haga responsable de regularizar esta migración, como sucede con los dominicanos en otros países.

Abréu opinó que los haitianos no sólo hacen  trabajos rudimentarios, pues se han perfeccionado en  electricidad, albañilería, plomería, con lo que desplazan la mano de obra dominicana.

En cuanto a las mujeres haitianas, su fuerte a ocupar en el país es la labor doméstica, pese a que no están reguladas en el Código de Trabajo Dominicano. La normativa dominicana apenas se refiere al tema de las vacaciones, dejando de lado las condiciones salariales y de contratos. También excluye lo relativo a la obligatoriedad de las prestaciones.