Si Albert Camus hubiese sido dominicano, Meursalt, personaje central de la novela «El Extranjero», no habría ido al patíbulo. Meursalt cometió un homicidio en la playa contra uno de un grupo de árabes que previamente habían reñido con su amigo, a quien además habían causado una herida.

El árabe, al ver a Meursalt nuevamente en la playa, tomó un afilado cuchillo y caminó hacia él. Por coincidencia, Meursalt había tomado posesión del revólver de su amigo. Frente a la evidente amenaza, empuñó el arma y llevado por un impulso inconsciente, resbaló su dedo hacia el gatillo produciendo cuatro disparos: «Comprendí que había destruido el equilibro del día, el silencio excepcional de una playa donde había sido feliz. Entonces disparé cuatro veces sobre un cuerpo inerte en el que se hundían las balas sin que lo pareciere. Fueron cuatro golpes breves con los que llamaba a la puerta de la desgracia». 

La afirmación de que el homicida no hubiese sido condenado al patíbulo en República Dominicana no es sólo porque, afortunadamente, en nuestra legislación no está contemplada la pena de muerte, sino porque de todos modos Meursalt habría quedado excluido de la pena máxima indicada en el Código Penal Dominicano. El hecho cometido por él, si bien constituyó un homicidio voluntario, no es calificable como asesinato, es decir no estuvo precedido de premeditación y acechanza como lo exige el artículo 296 de nuestro Código Penal, elementos que agravan el homicidio, lo convierten en asesinato sancionado con la pena máxima de treinta años. 

Este caso de ficción, recogido en una novela de fama universal, nos hace pensar en hechos recientes ocurridos en República Dominicana, donde se clama por penas cuyas justificaciones morales son legítimas. Sin embargo, la ley ata a los jueces, quienes no podrán jamás sobrepasar los límites legalmente establecidos.