Hoy 
Un aumento salarial para los servidores de la Administración Pública tiene que estar basado en principios de justicia. Debe ser para compensar el esfuerzo de la gente laboriosa y cumplidora, que verdaderamente le sirve al Estado. Es necesario hacer las pertinentes depuraciones de nóminas y nominillas, antes de proceder al reajuste salarial. Pero sería un escarnio medir con el mismo rasero a los frutos del clientelismo, que cobran sin trabajar ni ir a las dependencias.
La aplicación de la ley de salario público no ha sido posible en gran medida por la resistencia de funcionarios que tienen las nóminas sobrecargadas de gente que cobra sin trabajar, o que trabajan ganando muy por encima de sus similares en jerarquía y categoría. No habría manera de justificar aumento salarial en circunstancias como esas. El pago de los favores políticos con dineros del erario es una carga financiera enorme, que no puede ser engrosada.
Tres centrales obreras han propuesto al Presidente Danilo Medina que incluya en el presupuesto de 2015 un aumento general de salarios para los servidores públicos. Les faltó proponer que haya primero un saneamiento de las nóminas y que entre en vigencia la ley que regularía los sueldos en el Estado. La buena paga debe ser para quienes han ido a la administración pública para servirle al Estado, no a servirse de él.
Desapariciones sin respuesta
El Estado dominicano carga sobre sus hombros la culpa de no haber esclarecido, como corresponde, los casos de siete dominicanos que desaparecieron inmediatamente después de haber estado bajo dominio de autoridades. Se trata del profesor universitario y periodista Narciso González, Juan Almonte Herrera, Alfonso Santana, Gabriel Sandy Alistar, Randy Vizcaíno González, Alfonso Santana y Juan Alfredo Díaz Lora. La lista de nombres fue entregada a la ONU a propósito de conmemorarse hoy el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
A pesar de las reiteradas exigencias de organismos locales e internacionales en materia de derechos humanos, el Estado dominicano jamás despejó las imputaciones que vinculaban directamente a fuerzas de seguridad gubernamentales en cada uno de los casos de desaparición de esas siete personas.
