Hoy 
POR MARIO MENDEZ
Si las instituciones representativas de sector empresarial y laboral del país se oponen a los incentivos de la ley 28-01 para el «desarrollo fronterizo», por la competencia desleal que generaría y por las pérdidas de empleos que provocaría en las empresas existentes en la mayor parte del territorio nacional, e igual actitud han asumido los nuevos administradores tributarios, por el desorden que provocaría en el sistema impositivo y la evasión fiscal que provocaría; ¿quiénes serían, entonces, los beneficiarios de esa ley?
La pregunta ha sido hecha a periodistas de la sección económica del periódico Hoy en círculos empresariales y sindicales, donde se plantea que resulta indefendible el mantener en vigencia una ley que sería perjudicial para el fisco y las empresas existentes en el país, además de que provocaría pérdidas de empleos.
¿Quiénes se han opuesto a que se mantenga en vigencia la Ley 28-01 y han pedido la eliminación de los «irritantes» y «excesivos» incentivos que ofrece para los pocos que se beneficiarían de ellas?
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Asociación de Industrias de la República Dominicana (Documento presentado al Congreso Nacional, a través de su presidenta, Yandra Portela:
«Aunque entendemos la necesidad de desarrollar las zonas fronterizas, las actuales exenciones fiscales contenidas en la Ley 28-01, crean una competencia desleal para las demás empresas localizadas en el resto de las regiones del país».
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Elena Villeya, presidenta del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep):
«Creemos que debe haber un balance en el incentivo que se haga para crear nuevas empresas y más empleos, y no desplazar las que están. De hecho, hoy ya muchas empresas grandes que están evaluando trasladar sus operaciones a la zona fronteriza y están tramitando las autorizaciones necesarias con esos fines».
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Virgilio Ortega Nadal, presidente de la Confederación Patronal Dominicana (Copaldom):
«Una cosa es que generemos empleos -eso es correcto y necesario-, y otra cosa es que se perjudique los empleos ya existentes».
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Celso Marranzini, ex-presidente del Conep:
«De mantenerse esa ley, el Estado podría quedarse sin recaudaciones. Además, esa legislación se presta a un trasiego de mercancías, como sería importar productos terminados como materia prima y venderla en el territorio nacional para sacar provecho de los beneficios que esa ley otorga».
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Ignacio Méndez, ex-presidente de la Federación de Asociaciones Industriales (Fai):
«La aplicación de la Ley 28-01 podría afectar negativamente el empleo en el país, y reducir las recaudaciones fiscales. El hecho de que se amplíen incentivos de exoneración de impuestos para las empresas que se instalen en las zonas fronterizas, podría provocar serias distorsiones en perjuicio de las empresas que operan en otros lugares».
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Richard Aróstegui, presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Haina:
«La Ley 28-01 crea una serie de iniquidades entre los productores que se establecerían en la región fronteriza y los productores que están fuera de esa zona».
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Rafael Alvarez Crespo, ex-presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Haina:
«Esa ley genera una competencia desleal. Hay una serie de incentivos que se pueden otorgar, que no crean ese problema».
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Rafael Abreu, vice-presidente del Consejo Nacional de Unidad Sindical (CNUS):
«La Ley 28-01 establece privilegios irritantes y tiende a desestabilizar los empleos existentes fuera de la zona fronteriza».
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Central General de Trabajadores (CGT):
«La Ley 28-01 debe ser modificada porque promueve una competencia desleal en contra las empresas que operan fuera de las zonas fronterizas. Esto podría perjudicar a los trabajadores, de esas empresas».
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Juan Hernández, designado por el presidente electo Leonel Fernández como director general de Impuestos Internos:
Esa Ley crearía un gran desorden en el régimen impositivo. Ya hay muchos vivos que están vendiendo en el exterior esa ley de incentivos a inversiones, y están haciendo con esto un gran negocio.
