Uno de los valores y derechos fundamentales del ser humano lo es la seguridad ciudadana. No hay Constitución alguna que no consagre se derecho, ni gobierno que lo reniegue, cualquiera que sea su orientación política o ideológica. Y nunca gobierno alguno se hace más vulnerable que cuando descuida ese deber y pone en jaque a la población que termina por rebelarse, pacífica o violentamente, contra ese estado de cosas que pone en peligro su propia supervivencia. De ahí que la seguridad ciudadana desde los albores de nuestra vida republicana, inspirada en el pensamiento liberal democrático del Patricio Juan Pablo Duarte mantuvo en su proyecto de Constitución la preservación de ese derecho, siendo el pueblo y la autoridad legítima responsables por igual de su observancia y control lo que constituye “un dique insalvable para mandatarios” que pretenden desconocer y violentar ese derecho tan natural como sagrado. Pero, a vuelta de esquina, se entronizó el centralismo despótico que dispuso del poder político como cosa propia convirtiendo en virtud la represión y el abuso, desnaturalizando la función de la Policía utilizada como instrumento no al servicio del pueblo humilde y trabajador sino del sector dominante en el poder y sus espurios intereses.

La Casa Blanca puso la tapa al pomo al aupar al brigadier Trujillo durante la intervención militar Norteamericana (1916-1924) y luego permitirle gobernar durante 31 años con su férrea y cruel Dictadura, prostituyendo la vida institucional y democrática de la nación dominicana. Su ajusticiamiento no arrastró consigo la naturaleza del sistema represivo, dejando intacta la Policía Nacional como estructura de gobierno ahora más criminal y corrupta que nunca en la historia, que actúa con entera impunidad y complicidad de quienes, sin rubor, desde su poltrona, afirman que “la policía es buena y solo hay algunos antisociales” o “no sentirse preocupado” aunque esos antisociales hacen sus fechorías como fantasmas a cualquier hora y por todas partes. Algunos exculpan sus atrocidades por sus bajos salarios, otros solo ven en esta horripilante cadena de asesinatos, asaltos, atracos y abusos una especie de paranoia colectiva, que no deja de ser ciertamente una enfermedad, en este caso con causa muy concreta y definida.

Contrasta esa conducta reprobable que motiva esta experiencia vivida y otras más, el caso de una joven señora casada y con hijos, angustiada por el maltrato y el comportamiento indecoroso de su esposo. Otra vez llega ebrio, bien entrada la madrugada, tumbando la puerta. Esta vez ella no cede. Llama al 9-1-1. Al momento se apersona una pequeña patrulla que reduce la resistencia del agresor y lo conduce al cuartel policial más cercano. Al día siguiente recibe una llamada que le invita a trasladarse al cuartel para firmar su denuncia, indispensable para darle curso al expediente en la Fiscalía donde podrá deponer su denuncia o mantenerla, le explican amablemente. Habiendo cumplido correctamente con su deber, nadie quisiera que esa institución y el servicio que ofrece a la comunidad despareciera. Por lo contrario. Nadie pide su desintegración.