El empresario Manuel Corripio sostiene que los déficits siempre terminan destruyendo la estabilidad macroeconómica del país que los sufre, razón por la que, más allá de otras consideraciones, se hace necesario corregirlos. En este sentido piensa, en relación con la actual discusión fiscal, que la elaboración de un nuevo Presupuesto es un momento oportuno para tratar de hacer esa corrección.

Las declaraciones de Corripio fueron ofrecidas a solicitud de periodistas que lo abordaron este miércoles al término de una reunión con ejecutivos del Centro Comercial Sambil. 

A continuación una transcripción, con puntuación de este diario, de las declaraciones ofrecidas por Corripio:

–“La situación actual de las finanzas públicas del país, resumidas en el déficit fiscal, hace ineludible que el Gobierno disponga de más recursos. Los déficits siempre concluyen con la destrucción de la estabilidad macroeconómica; lo que hace que esta situación deba ser corregida de manera inmediata. ¿Qué mejor momento que la presentación de un Presupuesto para un año que inicia?

 “Diversos sectores reclaman al Gobierno una reducción del gasto público como principal manera de corregir la situación descrita en el párrafo anterior. La reducción del gasto tiene un límite. Excesos en estos recortes tienen consecuencias recesivas en la economía. Los gastos del Gobierno son, a grandes rasgos, de tres tipos: de infraestructura física, imprescindible para el desarrollo de la nación, el gasto social, dentro del que se encuentran las ineludibles deudas contraídas con la sociedad, sobre todo en salud, educación y seguridad ciudadana, y en tercer lugar, el servicio de la deuda. En estos se pueden incluir los subsidios, sobre todo el concerniente a la energía eléctrica.

 “Cuando se habla de reducción del gasto, entiendo que lo que realmente se plantea es racionalización del mismo. Esto implica escoger y priorizar algunas necesidades sobre otras. Preguntándoles a distintos sectores sobre qué gasto (o inversión) sería más requerido, sin lugar a dudas escogerían aquellos que tengan más próximo en sus necesidades inmediatas; lo que haría que la limitación de los recursos deje inevitablemente áreas excluidas y personas con disgusto.

 “Mi perspectiva es que el Gobierno del Presidente Medina ha dado muestras claras de su disposición a racionalizar el gasto y a ser efectivo en las inversiones de capital. Estas muestras abundan. Podemos ver el caso de restringirse a lo que manda la Constitución de la República de un máximo de seis viceministros por Ministerio; la revisión de la nómina del servicio exterior; la reducción del gasto discrecional en lujos superfluos de las instituciones del Estado (nada más hay que visitar los restaurantes para darse cuenta de la clara disposición a la frugalidad); la revisión de contratos para aquellas obras no ejecutadas que de acuerdo a apreciaciones de las autoridades les lucen sobrevaloradas; la distribución por medio de subastas de los permisos de importación de rubros agrícolas; la inclusión de Promese como parte del Ministerio de Salud Pública; la eliminación de instituciones del Gobierno que eran redundantes.

 “Al enumerar estos casos percibo que el Gobierno da muestras de cumplir con su parte. Me parece que se ha ganado ese derecho. Es posible que se requiera más; pero hay muestras que evidencian una disposición a ser efectivos con el gasto, o por lo menos aproximarse a esta efectividad.

 “La población le exige que ofrezca más y/o mejores servicios. Entre los dos reclamos más importantes se encuentran lo que manda la Constitución a la educación básica y que se mejore la seguridad ciudadana. Estos reclamos de aceptación casi universal en la población no se llevan a cabo con otro recurso que no sea dinero, o más dinero.

 “Los impuestos, o los fondos obtenidos mediante el cobro de los impuestos, pueden ser altos o bajos, dependiendo de cómo se devuelven a la población. Esta es la labor del Gobierno. Devolverlos de una manera que contribuya al desarrollo equitativo de la población teniendo como objetivo principal aquellas personas o clases más vulnerables, cuya acumulación de carencias y la ausencia de oportunidades, no les permite salir de su estado de pobreza.

 “Personalmente, tengo dudas de los efectos de la reducción de la nómina pública sin una contrapartida. El Gobierno y el país aspiran a pleno empleo y que estos sean de alto valor añadido y por lo tanto bien remunerados. Lamentablemente, el Estado ha tenido que ser “empleador de último recurso”. Si como parte de la reducción de los gastos se incluye el despido de personas del tren gubernamental, me pregunto a dónde irían dichos futuros desempleados. No me luce que en este momento el sector privado esté listo para absorberlos; por lo tanto, y hasta tanto el sector privado esté en condiciones de contratarlos, éstos deben permanecer en las nóminas estatales e iniciar de común acuerdo con el sector privado un plan de transferencia. De esto hay amplios modelos, tales como compartir el sueldo que hoy en día paga el Gobierno a estos empleados con la empresa privada y que estos empleados presten sus servicios en sectores productivos privados, entre muchos otros modelos.

 “La reforma debe proteger a los más pobres. Debe incluir planes de transferencia de recursos hacia ellos de manera directa y sin encarecimiento de los productos de consumo básico. Si no lo hace sería un despropósito”.