El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) celebró recientemente su IV Convención Empresarial, que una vez más concluyó con otra “Declaración”, presentando tópicos en el ámbito económico y social. Del pliego de reclamos que hacen los empresarios vinculados al CONEP, quiero hacer algunas precisiones con relación a uno de ellos; se trata de la demanda de “seguridad jurídica” presentada por el presidente de esa institución a las autoridades competentes.

Esta petición es una constante en las conclusiones de este sector del empresariado nacional, que refleja, entre otras cosas, el sentimiento de vulnerabilidad y dependencia del paternalismo estatal que aun experimenta esa ala empresarial. Si no hubiera seguridad jurídica en el país, el CONEP puede estar seguro que a esta altura de la situación económica, ya se habría rescindido el contrato de compra de energía que mantiene el Estado con la legendaria Congentrix (CESPM), sea por iniciativa representativa o de ser necesario, por iniciativa popular, ahorrándole al erario más de 50 millones de dólares al año. Si no hubiera seguridad jurídica, la voluntad popular ya habría puesto fin al contrato de la Smith & Enron (San Felipe), en caso de que la clase gobernante no accionara cónsona con ese propósito, ahorrándole al pueblo más de 30 millones de dólares al año.

Si no hubiera seguridad jurídica, se declararían nulos todos los contratos de compra y venta de electricidad correspondientes a generadores que no producen con sus propias unidades la energía que se comprometieron a suministrar, lo que obligaría a licitar nuevas plantas para el mercado eléctrico dominicano. Entiendo que cada quien debe jugar su papel, sin embargo, cuán impactante para la nación fuera esa “Declaración” si en sus líneas hubieran incluido aportes tales como: El CONEP iniciará este mismo año la instalación de  1,500 megavatios a carbón mineral o a gas natural.

Vamos, rompan la inercia!