La alternativa del Estado en el conflicto por el contrato de revisión de furgones con rayos X en puertos es ejecutarlo o exponerse a ser condenado al pago de hasta US$300 millones en indemnización en arbitraje internacional, según el doctor Vinicio Castillo Semán.

  Ese contrato fue suscrito por la administración del presidente Hipólito Mejía (2000-2004) y ratificado luego por la del presidente Leonel Fernández (2004- 2008 y 2008- 2012) y el Congreso Nacional luego de ser modificado a petición del entonces director de Aduanas Miguel Cocco, que logró reducir de US$90 a US$45 el costo del servicio y que fuera puesto bajo control del Estado, explicó el abogado.

Castillo Semán, entrevistado en Propuesta de la Noche, por Digital 15, dijo que poderosos sectores navieros del puerto Multimodal Caucedo objetan el contrato porque ellos operan un equipo usado que Estados Unidos donó y con el cual su embajador de entonces, Hans Hertell, logró la certificación de esa terminal pese a que ese equipo revisa solo furgones vacíos.