Escribo este artículo 24 horas antes que la Cámara de Diputados retome la discusión del Código Penal y sin que haya claridad suficiente de saber si lo aprobará o no.
No obstante, esta última etapa de discusión ha servido para poner en evidencia cómo piensan y actúan algunos representantes legislativos.
Iniciemos por la forma. Seguir discutiendo el código, pese a que el informe fue rechazado, viola la Constitución en su artículo 107 donde dice: “Los proyectos de ley rechazados en una cámara no pueden presentarse en ninguna de las dos cámaras hasta la legislatura siguiente”.
Y no vengan con el absurdo que es un proyecto nuevo porque sabemos es prácticamente el mismo, solo con algunos aspectos peores, por eso tantos legisladores, con honrosas excepciones, como José Horacio Rodríguez y Santiago Vilorio, consideraron suficiente 24 horas para “estudiarlo”.
La forma en que se pretende aprobar este código es preocupante porque viola institucionalidad, leyes y sienta un precedente negativo para un Congreso cuya mayoría es de un partido que vendió un cambio y habla tanto de transparencia.
Sobre el fondo, esa “nueva” versión implica un retroceso en comparación con lo que aprobó el Senado, porque los cambios que se hicieron fueron para peor y aspectos negativos que, gracias a la presión de la opinión pública, habían sido derrotados, se agregaron de nuevo.
En el artículo 123 se vuelve a abrir una ventana para la violencia intrafamiliar porque se agregó un párrafo que dice: “No se considerará violencia intrafamiliar la corrección y disciplina a los hijos, ejercida por los padres o tutores practicada sin violencia o abuso físico.”
Con el tema de la violación sexual el asunto es aún peor porque en el artículo 136 se da carta blanca “Si es motivada sobre la base de corrección por orientación sexual”, agravante que se eliminó.
Los diputados siguen legislando a favor de las violaciones sexuales porque en ese mismo artículo eliminaron del párrafo 1 sobre actividad sexual no consentida las palabras “Engaño” y “Fuerza”.
Aunque hay que reconocer el trabajo de la comisión bicameral y que el proyecto contiene avances porque incluye una serie de tipificaciones y delitos penales que hace décadas no existían y por eso su castigo no está contemplado.
La exclusión de temas como las 3 causales para que las mujeres puedan decidir salvar su vida ante embarazos que atenten contra ellas; de la discriminación por orientación sexual, las decisiones pro-violaciones sexuales y pro-violencia contra la niñez hacen de este código uno bien retrogado.
¿Por qué no podemos tener el paquete completo? ¿Por qué el código no puede mantener los avances legislativos que ya contempla y, al mismo tiempo, no penalizar la interrupción del embarazo en circunstancias específicas, no validar la discriminación por orientación sexual y no estimular las pelas y violaciones sexuales?
Alfredo Pacheco acaba de proponer que el Código Penal se conozca en la próxima legislatura. Ese cambio del presidente de los diputados, quien en un momento tuvo tanta prisa que quería liberar el proyecto de lectura, es lo correcto.
De no hacerse así, y si mañana el código se aprueba, será el presidente de la República, Luis Abinader, quien deberá en aras de su discurso de institucionalidad, transparencia y apoyo a las causales, observarlo, como lo hicieron antes Leonel Fernández y Danilo Medina, por razones distintas.
Ojalá que estos días extras sirvan para que los legisladores que faltan entiendan que el futuro nadie lo detiene.
Viola Constitución seguir discusión del Código Penal tras rechazo del informe.
Es preocupante la forma en que se pretende aprobar este código.
Porque viola leyes, institucionalidad y sienta precedente negativo.