Hoy 
ROSARIO ESPINAL
Las democracias traen a veces turbulencias que crean condiciones para ampliar o consolidar los derechos ciudadanos. Es lo que ha ocurrido en Estados Unidos y Francia en las últimas semanas, y vale preguntar, si podría también ocurrir en República Dominicana. Hace apenas varias semanas parecía posible la aplicación de una ley migratoria restrictiva y punitiva, aprobada en diciembre por la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
Ahora la posibilidad de que el Senado la apruebe y se convierta en ley federal es remota.
¿Qué motivó el cambio? Las movilizaciones pro-inmigrantes que abogan por la legalización de los indocumentados a gritos de «sí se puede, sí se puede».
Estas movilizaciones han creado un nuevo espacio político para que el Congreso discuta propuestas que contemplan la legalización de muchos inmigrantes.
El campo está abierto ahora para los debates y enfrentamientos sobre las modalidades específicas, pero la discusión no estará monopolizada por un grupo de congresistas ultra conservadores.
En Francia, las protestas multitudinarias de estudiantes y trabajadores en contra del Contrato de Primer Empleo, según el cual, los jóvenes menores de 26 años podrían ser despedidos sin explicación en los primeros 24 meses de trabajo, obligaron al presidente Jacques Chirac a devolver la ley al parlamento para su modificación.
Estos eventos revelan algo conocido pero a veces olvidado: un beneficio de la democracia es la posibilidad de protestar públicamente para modificar la acción del gobierno.
No quiere decir que las luchas políticas sean fáciles de organizar o que siempre garanticen éxito; muchas de hecho fracasan. Pero en la democracia siempre existe la posibilidad de triunfar si la causa es justa y concita el apoyo de una masa crítica y significativa.
El punto tiene relevancia para la República Dominicana.
Muchos dominicanos se sienten insatisfechos y decepcionados con el funcionamiento de la democracia y de los tres partidos mayoritarios. Por su parte, los partidos minoritarios no ofrecen un horizonte de utopía y optimismo.
Así las cosas, un segmento de la población se refugia en la idea de que un militar con mano dura salvará el país del desorden.
Sin embargo, las movilizaciones en Estados Unidos y Francia deberían recordarnos que no es con un militar o una dictadura que se logran las reformas para mejorar las condiciones de vida, sino con la acción colectiva efectiva en un marco democrático.
Por ejemplo, votar es un acto importante para elegir los representantes; si no se eligen se imponen. No obstante, mucha gente podría no votar el 16 de mayo argumentando desencantos acumulados.
Pero recordemos: la abstención no trae soluciones sociales, aunque exprese las ganas de protesta de los descontentos. Cierto, la democracia no sólo significa votar. Hay que organizarse y protestar para incidir en el quehacer gubernamental. Pero si la gente no vota, ni se organiza, ni protesta colectivamente, será muy difícil mejorar la situación; entonces la utopía democrática se esfuma.
Imaginemos: si desde 1978, cuando concluyó el régimen autoritario de Balaguer, la gente se hubiese organizado y movilizado para demandar solución al problema eléctrico, la corrupción y los precarios servicios de educación y salud, ¿no estaría el pueblo hoy mejor? Estos son tres asuntos que atañen a toda la población y ni siquiera son altamente polarizantes.
¿Por qué entonces la sociedad dominicana no ha sido capaz de organizarse y movilizarse con efectividad para gestar cambios?
Estas son algunas razones:
Durante el período autoritario de los años 60 y 70, el Estado golpeó fuerte a las organizaciones sociales, mientras los partidos políticos de todas las tendencias buscaron dominarlas y fragmentarlas. Luego, en los años 80 y 90, hubo un éxodo de dirigentes del movimiento social a los partidos políticos grandes y pequeños, de izquierda y derecha.
Esta simbiosis inicial entre activismo social y partidos hizo mucho daño a las organizaciones sociales, y llevó también a pensar que las protestas sociales tenían como objetivo derrocar el gobierno. Pero no es así.
El derecho a la protesta en una democracia no es para tumbar un gobierno legítimamente electo, sino para presionarlo, de manera que gobierne mejor.
Cuando la gente no se organiza ni presiona, los políticos tienen un campo abierto para abusar de la ciudadanía, precisamente con el poder que se les transfirió mediante el voto.
El triunfo electoral es el inicio de la representación, pero las presiones sociales deben ser constantes para lograr un mejor ejercicio gubernamental. No hay que esperar simplemente una nueva elección para votar en contra o abstenerse.
En República Dominicana, lo importante ahora no es ejercer el derecho a la abstención electoral u organizativa, sino votar y promover un renovado activismo social que obligue a los funcionarios electos a gobernar mejor.
El desafío es ampliar, no derrotar, la democracia dominicana, porque por más imperfecta o decepcionante que sea, ha conllevado muchos esfuerzos establecerla.
Se puede mejorar, sí se puede.
