En vista de que en menos de un año en la República Dominicana se han destapado tres casos sobre supuesta estafa que han sido noticia desde sus inicios, dos de los cuales están en los tribunales, y partiendo de lo que establece el artículo 40 de la Constitución de la República, de que «no se establecerá el apremio corporal por deuda que no provenga de infracción a las leyes penales», ciudadanos se preguntan cómo pagarían lo que deben las personas que pudieran ser condenadas a prisión luego de ser demandados.

La interrogante nace especialmente por Johnny Portorreal, Wilkin García Peguero (Mantequilla) y Jairo González, quienes han sido sindicados de estafar a miles de personas en circunstancias separadas.

Este diario consultó a tres expertos en la materia para que expliquen cómo se podría resarcir a las supuestas víctimas.

«Hay que dividir tres cosas: hay una sanción penal que consiste en prisión, otra en multa y hay lo que se llama una indemnización. Esa indemnización irá acorde al dinero invertido y en dinero dejado de pagar y el daño que esa víctima ha sufrido por no tener su dinero a mano (o el dejado de percibir) que pudo haber invertido en otra cosa». Así inició su explicación el abogado Félix Portes, quien puntualizó que con relación al aspecto civil, un juez no tiene la facultad de mantener a una persona en prisión.

«El juez lo puede condenar, por ejemplo, a pagar cinco millones de pesos por daños, perjuicios e indemnización. Esos cinco millones ya la parte que ganó (el caso) lo que tiene que hacer es embargar cuentas de bancos, los bienes que tenga (el demandado). Ahora, si él en el momento que esa persona tiene una condena y una sentencia para perseguir lo civil, si no tiene nada, no puede decir que Fulano se insolventó, entonces yo quiero que como me debe cinco millones cumpla cinco años más aparte de lo que ya cumplió», detalló Portes.

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De su lado, el experto en Derecho Financiero, Carlos Salcedo, aseguró que en los casos suele haber personas físicas y morales, y la condena sería personal en aquellos que hayan hecho intermediación finananciera.

«Entonces, la condena, desde el punto de vista de la pena, será personal en cada uno de ellos. En lo particular, la indemnización generalmente la declara el tribunal de manera solidaria. ¿Por qué? Porque si el patrimonio personal de cada uno de ellos no es suficiente para satisfacer la condena en lo civil, entonces se hace solidariamente responsable la empresa que ha servido de fronting (operación mediante la cual se cede a un reasegurador la totalidad o casi la totalidad del riesgo inicialmente asumido) para estructurar el esquema fraudulento a través de una persona jurídica, y esa empresa, si tiene patrimonio va a responder por lo que no dé la persona. Cualquier tipo de patrimonio, un edificio, dinero en bancos, una oficina (…) se le puede marchar para fines de cobro», indicó el abogado, basado en lo que establece el Código Penal, en sus artículos 405 y 408, que contempla la estafa y el abuso de confianza.

En ese sentido, Salcedo dijo que la condena penal incluye también la civil.

Al respecto, el también abogado y penalista Cándido Simón, aunque está de acuerdo con sus colegas respecto a cómo legalmente se procede en este tipo de casos, entiende que lo que generalmente se busca es llegar a un acuerdo entre las víctimas y el victimario, que es lo que de alguna manera está haciendo el Ministerio Público con algunos de los casos de corrupción administrativa de forma estratégica.

«En los delitos económicos, tú lo que tratas es de recuperar bienes y dinero. Tú no haces nada con llevar a una persona a la cárcel. El mensaje de esto es: con llevar una persona a la cárcel la víctima no resuelve nada, porque después no lo puede cobrar.

Mantequilla y Portorreal cumplen prisión preventiva, mientras que sobre González, a quien también llaman «el pastor de las criptomonedas», se sabe extraoficialmente que la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso está al mando de una investigación de un caso de unos 25 millones de dólares involucrados.

La Superintendencia de Bancos de la República Dominicana reiteró hace varios días el llamado a la ciudadanía que las entidades que están reguladas se encuentran disponibles en la sección Registro del Mercado de Valores en su página web, para que el público pueda consultar cuáles son esas instituciones que sí están legalizadas.

Se recuerda que hace varios días más de 50 personas denunciaron ante la Procuraduría General de la República a la empresa Harvest Trading Cap, empresa de la que González es su presidente, por supuesta estafa que, sólo entre esos denunciantes, representa más de 100 millones de pesos.

Una de las razones por las que González no ha podido pagar es porque tiene sus cuentas bancarias congeladas, según le comunicó a los denunciantes.