Si todos los legisladores fueran como Wilton Guerrero tendríamos un país distinto. Con representantes preocupados de verdad por sus comunidades, veríamos cómo se irían resolviendo los principales problemas que las aquejan.

Hoy hablamos de narcotráfico, impunidad y complicidad. Son denuncias graves, gravísimas, las que hace este senador que incluso podría estar poniendo su vida en riesgo. Producto de ellas, el presidente Leonel Fernández formó una comisión de alto nivel que investiga los hechos y, esperamos, hará lo necesario para llegar al fondo de lo que está ocurriendo en Baní.

Aunque es muy pronto para asegurar nada, Guerrero habla alto y lo hace con un fajo de documentos en las manos.

No se amilana, muestra lo que tiene y pide de frente que el jefe de la Policía Nacional, mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín; y el procurador General de la República, Radhamés Jiménez Peña, investiguen el desempeño del comandante policial de Baní, así como del ex fiscal y los ayudantes del  Ministerio Público en esa comarca.

Al pensar en esta petición, a la que seguramente le harán caso porque no hay otra opción, hay que resaltar que desde el año 2004 Guerrero había denunciado y presentado documentos en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, la Procuraduría, la Policía y las secretarías general y jurídica del Partido de la Liberación Dominicana.

Nadie, sin embargo, quiso escucharle o hacerle caso. Tuvieron que asesinar a siete personas para que el gobierno y las autoridades policiales se dieran cuenta de que algo grave estaba pasando allí. Falta ahora que, viendo las evidencias, resuelvan ese gran entuerto. Además, que investiguen si sucede lo mismo en otras partes del país.