JUAN BOLÍVAR DÍAZ
Lo primero que debió hacer el gobierno para justificar la adquisición de 8 aviones militares, era revestir la operación de total transparencia, comenzando por una información oficial sobre el costo de los mismos, así como del entrenamiento y cualquier otro complementario. Apenas el viernes supimos que costarán 93.7 millones de dólares, cuando se informó que el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil aprobó el financiamiento.

Debería explicarse por qué razón no se convocó a un concurso internacional que le hubiese proporcionado otras alternativas, incluyendo algunas mucho más económicas. Se creía que a estas alturas del tratado de libre comercio con Estados Unidos ya no sería posible una compra de esa magnitud sin el concurso público. A lo mejor se aducen razones de «seguridad nacional», al tratarse de equipos militares llamados a proteger el territorio nacional, lo que seguro muy pocos cuestionarán dentro de la precariedad institucional dominicana.

No se podría argumentar falta de tiempo, porque de la compra se habla desde enero pasado y en febrero, para el aniversario de la Fuerza Aérea Dominicana, ya le fue mostrado uno de los AT 29 Super Tucán al presidente Leonel Fernández en la base aérea de San Isidro. Entonces, consignó el Diario Libre, el costo por unidad se anunció en 9.5 millones de dólares, pero ahora resulta que saldrán a 11.7 millones de dólares, casi el doble de los 6.1 millones de dólares que lo pagado este año por Chile para una nave para el mismo objeto.

El gobierno de Chile, que tiene una larga historia de conflictos fronterizos con Perú, Bolivia y Argentina, los tres con fuerzas armadas considerables, convocó a concurso a fines del año pasado para adquirir sólo un avión destinado a vigilar el narcotráfico. Y se decidieron por un Cessna CJI Plus norteamericano, considerado de última generación y alta tecnología valorado en 4 millones 934 mil 869 dólares. Adicionándole un sistema de monitoreo por 1 millón 224 mil 131 dólares, el costo final de la unidad es de 6 millones 159 mil dólares. Más detalles de la compra publicó el diario chileno El Mercurio del 1 de marzo pasado.

Nosotros en cambio estamos dispuestos a pagar por 8 aviones, como si pudiéramos mantenerlos en el aire vigilando las costas para evitar que el narcotráfico deje caer los cargamentos de drogas reclamadas por los satisfechos de las sociedades más ricas de la tierra. Como si ya no fuera suficiente con los problemas institucionales y sociales que genera el inmenso negocio del tráfico de drogas.

Resulta cuesta arriba pensar que este país tan pobre dedique decenas de millones de dólares, aproximadamente 3 mil millones de pesos, para combatir el narcotráfico. Ese costo debería pagarlo Estados Unidos, el principal mercado estimulador de los estupefacientes.

Deberíamos tener capacidad de negociación para conseguir la donación de aviones norteamericanos para ese objetivo. Colombia, Perú y Bolivia reciben decenas de millones de dólares de Estados Unidos, cada año como parte de las políticas antidrogas.

Ya en el pasado gobierno de Fernández se compraron ocho aviones Pillán chilenos, que nadie sabe qué beneficio aportaron. Y el de Hipólito Mejía nos embarcó en la adquisición de 36 helicópteros norteamericanos que conllevaron un préstamo por 76.4 millones de dólares. Tampoco se sabe qué aportaron a la sociedad dominicana.

En cualquier caso sería preferible que esas sumas se invirtieran en las escuelas que todavía nos faltan. Este domingo Fe y Alegría tiene un maratón buscando unos 17 millones de pesos para completar el financiamiento de dos liceos secundarios de 18 aulas para dos de los más antiguos barrios capitalinos, Guachupita y Los Guandules, que todavía no disponen de ese tipo de escuela. Con lo que pagaremos por los ocho aviones podríamos financiar 130 liceos de 18 aulas. Desde luego, si los costos oficiales no fueran muy superiores a los de esa hermosa institución religiosa que es Fe y Alegría.