RAFAEL TORIBIO
Terminaba la Alianza para el Progreso y a pesar de que sabía que tenía término, cuando finalizaba no sabíamos qué hacer. La Iniciativa de la Cuenca del Caribe nos permitió seguir disfrutando de beneficios del gobierno de Estados Unidos y de su mercado sin haber hecho nada para lograrlo.

Con tiempo supimos que vendría el colapso de la industria azucarera por los edulcorantes y el subsidio en Europa a los productores de azúcar a partir de la remolacha y colapsó porque nada hicimos a su debido tiempo.

Nos advirtieron que las facilidades que hacían competitivas nuestras zonas francas desaparecerían, pero decidimos esperar que llegara el momento sin haber hecho lo necesario para su relanzamiento anticipado. Nos apuntamos al DR-CAFTA, lo firmamos y cuando entraba en vigencia todavía no estábamos preparados.

Llegamos con 60 años de retraso respecto a otros países en materia de seguridad social, y con relación al Seguro Familiar de Salud dispusimos de seis años para tomar las medidas necesarias para asegurar un inicio adecuado. Llegó el tiempo en que debe iniciarse y no sabemos cómo se iniciará, pero sí sabemos que se iniciará mal. Como siempre nos sucede con los asuntos importantes para el país.

El tema de la Seguridad Social hace evidente la dejadez y la irresponsabilidad del Estado y de los gobiernos: mientras que en otros países el problema era la dificultad de sostener el nivel de cobertura y la calidad de los servicios que ya tenían, el nuestro consistía en que entramos a un nuevo siglo y milenio obligando a que cada cual, de manera individual, tuviera que procurarse los servicios de salud y los ingresos para la sobre vivencia cuando ya no pudiera trabajar.

Mientras una escasa minoría lo lograba, la mayoría de la población tenía que conformarse con un servicio precario de salud que proporcionaba el IDSS, al que había cotizado, y al final de la edad productiva arreglársela con una humillante pensión. La alternativa en materia de servicios de salud era acudir a la limitada cobertura e ineficientes servicios proporcionados por la Secretaría de Salud y Asistencia social, o pagarlos en el sector privado.

Nuestra sociedad se ha tenido que acostumbrar a aceptar, no lo mejor, y ni siquiera lo bueno, por que la alternativa es peor. Eso no sólo sucede en la política, donde en cada elección hay que escoger al candidato menos malo, sino que se ha extendido a todos lo ámbitos de la sociedad. Por eso, cuando ¡por fin!, después de innumerables discusiones y diálogos en búsqueda de consensos, se presenta la propuesta para el establecimiento del sistema de Seguridad Social, muchos lo aplaudimos, no porque era el más conveniente, sino porque superaba a lo que la mayoría de la población tenía que acogerse. Lo que existía era mucho peor.

Recuerdo que antes de que las partes firmaran el acuerdo que introduciría el anteproyecto de ley al Congreso uno de los líderes sindicales me preguntó si le recomendaba firmarlo a pesar de los innumerables cuestionamientos que se les hacía. No titubeé en afirmar que lo hiciera.

Me recordó que tanto él como yo sabíamos de las grandes limitaciones con las que arrancaría. Le respondí que nunca sería peor que lo que se tenía y que una vez aprobado el sistema se podía mejorar. No del todo convencido lo firmó. Visto lo que ha sucedido, sobre todo respecto al Seguro Familiar de Salud del régimen contributivo, pienso que quizás mi sugerencia no fue la correcta.

A las concesiones y renuncias para que los sectores que sintieron disminuidos sus privilegios y reducidos sus acostumbradas enormes ganancias no impidieran su inicio, se agregó la posposición del inicio del Seguro Familiar de Salud. Vinieron nuevas negociaciones, consensos y renuncias para que pudiera iniciarse. Al final, sólo queda la “rabiza” lo que fuera el establecido en la ley. Veamos.

En la ley aprobada, la cobertura de los servicios de salud, según los entendidos en la materia, eran en un 80% iguales o superiores a los que proporcionaban los mejores seguros de salud privados; ahora el plan que entró en vigencia tiene una cobertura inferior cercana al 80% de los planes privados existentes.

Se inicia con la renuncia de los médicos a aceptar la tarifa establecida por sus servicios, a lo que se suma la organización que agrupa a las clínicas privadas.

Quienes tienen en la actualidad un seguro privado, para mantener la misma cobertura y calidad de los servicios, tendrán que recurrir a los llamados “planes complementarios” o al “copago” que supone cubrir de manera particular la diferencia entre los honorarios del médico y la tarifa que cubre el seguro obligatorio.

En estos momentos, ante las dificultades que no se resolvieron en los seis años que se dispuso para que el inicio fuera sin los traumas acostumbrados, se habla de una nueva gradualidad que implica abolir el principio de solidaridad: se empezará con los trabajadores de menos ingreso y que no tengan seguros. Después se integrarán los de ingreso intermedio, hasta terminar con los empleados de mayores ingresos con seguros privados. Al final, sólo tendrá el SFS quién pueda cubrir su costo. Habiendo perdido un tiempo precioso, ahora se quiere empezar de cualquier manera.

El Seguro Familiar de Salud empezó cojo. Parece que tendrá que caminar con multas, lo que asegura un arranque precario, velocidad lenta y llegada muy tarde. ¿Por qué las cosas más importantes para el país siempre terminan así?