Hoy 
Tenía 21 años cuando de un plumazo la Junta Central Electoral (JCE) le suspendió la vida. Así, con un dejo de impotencia, explica Dannerys Jiménez su situación y la de su hijo de tres años, quienes han pasado a formar parte de una nueva categoría de ciudadanos que sólo existe en la República Dominicana: los llamados muertos vivos.
Su caso no es único; es parte del drama que viven cientos de jóvenes de ascendencia haitiana que nacieron en el país, fueron inscritos como dominicanos en el Registro Civil y vivieron como tales hasta 2007 cuando, mediante una resolución, la JCE decidió despojarlos de sus actas.
Sus esperanzas de convertirse en sicóloga se truncaron cuando luego del nacimiento de su primogénito quiso reintegrarse a la universidad donde estudiaba, pero una prohibición de la JCE impidió que le entregaran el acta que necesitaba para ello.
Cuando quise declarar a mi hijo en el 2009 me dijeron que no podía hacerlo porque mi vida estaba suspendida temporalmente, que a nosotros no nos podían entregar ninguna acta ni tampoco podemos declarar a nuestros hijos porque nuestros padres son haitianos, contó la joven que hoy tiene 25 años.
Un llamado al Presidente. El Centro Bonó pidió ayer al presidente Danilo Medina resolver, como prometió en campaña, la situación de los cientos de dominicanos de ascendencia haitiana que han sido despojados ilegalmente de su nacionalidad por la Junta Central Electoral (JCE).
Nos extraña que el presidente Danilo Medina esté asumiendo una dinámica de la pasada administración que ha provocado que el Estado dominicano sea colocado en el banquillo de los acusados por no preservar el derecho a sus ciudadanos, dijo el sacerdote jesuita Mario Serrano al ser entrevistado en Uno + Uno.
Deploró la dilatoria de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Tribunal Constitucional en el conocimiento de los casos fallados en tribunales a favor de los afectados y que la JCE ha desacatado, por lo que el caso llegó a la Comisión Internacional de los Derechos Humanos (CIIDH).
