En general, la propuesta de un pacto de siete puntos para llegar a un acuerdo de Convención pactada y conducente a la unidad del PRD, en su contenido y forma, más que de sectores que componen el 90% de ese partido, parecería ser la del grupo de Vargas Maldonado que ronda el 10%. Ello así, porque además de que esa propuesta constituye una concesión a este último, en la misma se evitan cuestiones políticas insoslayables.

Para los proponentes del pacto, el punto central es el relativo a la creación de una Comisión Nacional Organizadora de la Convención, integrada por 15 miembros, por los cuales 9 serían del grupo del 10% y 6 del que tiene el 90%, además presidida por un miembro recomendado por el jefe de la minoría. En el último punto trata de la solicitud al tribunal disciplinario” (el de fiquito) a que “revise” la expulsión de Hipólito Mejía y Andrés Bautista y la suspensión de Geanilda Vásquez y Orlando Jorge. Una concesión que sólo se hace en un país como éste.

Al hacer referencia explícita de esa cuestión hacía obligada la exigencia, por lo menos, de una alusión a los temas de la legalidad de la lista de los miembros de pleno derecho del CEN y hasta el de la legalidad de la presidencia del PRD. Si bien se cree que este último tema, o ambos, lo soluciona la puesta en funcionamiento de la Comisión Organizadora de la Convención, es lógico pensar que durante el proceso de organización de ese evento esos temas de uno u otro modo se plantearían como problema.

El primer punto de la propuesta se refiere a la “línea opositora contra el gobierno”. Quién la haría operativa? Miguel Vargas? la Comisión mayoritariamente integrada por seguidores suyos? Toda oposición al presente gobierno pasa por una lucha contra la corrupción en el pasado y presente gobierno, por la denuncia al control que tiene su partido sobre la Justicia, principalmente sobre las altas Cortes y en el caso que le atañe directamente a la mayoría del PRD: el del TSE y eso no lo haría Vargas.

Entienden los proponentes que si esa Convención se realiza democráticamente se resolvería el punto nodal que divide ese partido: la diferencia sobre el reconocimiento de sus autoridades legales por todas las partes. El cálculo parece lógico, pero son muchas las razones que hacen pensar en la posibilidad de que los intereses económicos y políticos que guían el comportamiento  de Vargas y su círculo de íntimos impedirán un proceso de convención realmente democrático, porque con ello llegará más pronto el final de su carrera política, irremediablemente sin futuro.

Es inevitable explorar posibilidades para desde dentro encontrar una solución política a la crisis. Pero, cómo y qué negociar con una persona cuyos intereses no son esencialmente políticos? Para hacerlo, debe partirse de propuestas sólidamente elaboradas, con lealtad, con la aceptación generosa del peso específico de las tendencias y personalidades que ellas despuntan, sin concesiones políticas y éticamente inaceptables y en la perspectiva de  la formación de una coalición de fuerzas capaz de detener el continuismo de la corporación PLD.

Ese es el punto.