Un ciclo de proclamas, cumplimientos mediocres y nuevas acciones dispersas, caracterizan los pasados 20 años de lucha contra la violencia.

En cinco años, se registran 23,159 muertes accidentales y violentas. Para OPS una buena tasa de control es 0 a 5 homicidios por 100 mil habitantes/año, cuando excede 8 se declara epidemia de violencia. Tenemos dos décadas en epidemia, siendo la sostenibilidad la gran ausente en las políticas públicas.

Proponemos siete acciones, algunas compendiadas por la Estrategia Santiago 2030, que pudieran lograr victorias rápidas sostenibles contra la violencia.

La primera es devolver confianza a la Policía Nacional. Con excepciones plausibles, decenas de generales y coroneles debieran retirarse. Una masa crítica de jóvenes oficiales tiene que encabezar las transformaciones. Asimismo, modernizar el equipamiento y mejorar la estructura física de 100 cuarteles de Santiago, DN y municipios. Cambiar los uniformes grises originarios en la dictadura y mejorar la tecnología y equipos de cada policía.

El segundo impacto es empoderar la ciudadanía organizada con la creación por decreto presidencial, de 10 consejos de seguridad ciudadana en los municipios de mayor prevalencia de la violencia. Cada uno de estos organismos con directores ejecutivos seleccionados por concurso y promotores barriales miembros de las juntas de vecinos.

La propuesta tres tiene que dotar los principales barrios de Santiago y Santo Domingo, de 50 casas de justicia y centros de asesorías legal. Es en las comunidades que se resuelven conflictos, que no tienen necesidad de llegar a los tribunales.

La victoria 4, debiera conceder a las víctimas de violencia y familiares de los fallecidos, la debida asistencia jurídica. La calidad de la defensa pública de imputados en crímenes, supera las capacidades de las víctimas, para demostrar en tribunales la culpabilidad de connotados y reincidentes asesinos.

La acción 5 es organizar un sistema de vigilancia epidemiológica sobre la violencia. El Ministro Salud Pública sabe de eso. Debiera declararse la violencia, sus lesiones y muertes como eventos de notificación obligatoria a observar en hospitales. La violencia es una epidemia y como tal debe tratarse. Hay signos de riesgo en mujeres y niños que detectados a tiempo previenen fatalidades.

El impacto 6 es crear grupos educables de alto riesgo en violencia intrafamiliar y urbana. Militares, policías, guardianes y agentes de seguridad, son violentos hasta que se demuestre lo contrario. Están marcados por el riesgo de ejecutar una acción contra su familia, su entorno comunitario o laboral.

Finalmente, la propuesta 7 es crear en municipios 10 casas de acogida para mujeres agredidas. Para los implicados en acciones violentas, organizar programas de responsabilidad con la paz familiar. En vez de privarlos de libertad, someterlos a terapia grupal vigilada con aplicaciones tecnológicas de control.