TIRSO MEJÍA-RICART
Por fin, el 15 de agosto del presente año y casi al terminar el período Constitucional 2000-2004, fue promulgada la ley 286-04 que establece elecciones primarias universales y simultáneas para los candidatos, tanto a la Presidencia de la República como para los cargos Legislativos y Municipales del país. Se trata de un paso trascendente hacia una democracia más transparente y participativa que ha despertado sin embargo voces discordantes, algunas por desconocimiento de sus motivaciones y posibilidades, bien por espíritu conservador a todo lo nuevo en el orden social, cuando no  por intereses inconfesables o por simple actitud de rechazo a todo cuanto pueda provenir del litoral del PRD, por lo que pretenden satanizar a esa tabla de salvación de nuestro sistema político-electoral.

Conviene por lo tanto examinar los antecedentes, así como las implicaciones políticas, constitucionales y financieras de esta innovadora legislación.

El inicio del siglo XXI marcó para los dominicanos el fin de una etapa de larga transición hacia la democracia desde la tiranía Trujillista, caracterizada por la vigencia de tres grandes líderes carismáticos de gran lucidez intelectual: Balaguer, Bosch y Peña Gómez, cuya influencia omnicompresiva gravitó poderosamente sobre el cuerpo social de la Nación, quienes fueron capaces, de desarrollar partidos fuertes, y no obstante sus grandes diferencias, negociar cambios y crisis políticas que parecían insalvables, lo que permitió preservar la paz social y el crecimiento sostenido de la economía durante más de cuatro décadas; aunque no se produjo un desarrollo equilibrado, ni un liderazgo de recambio preparado para los nuevos tiempos por venir.

Por esa razón, la desaparición de esos líderes ha producido importantes dificultades en las organizaciones políticas que encabezaban y para definir candidaturas viables y nuevos liderazgos sin traumas, gestando divisiones que atentan contra la estabilidad de esas organizaciones, por falta de mecanismos confiables para arbitrar internamente sus certámenes electorales.

De ahí que las cúpulas partidarias residuales hayan pretendido hegemonizar todas las candidaturas y cuotas de poder de esas organizaciones, sin dar oportunidad al surgimiento de nuevos valores. Así que tras la desaparición de Balaguer, Bosch y Peña Gómez los principales partidos se quedaron sin mecanismos de arbitraje interno para evitar que sus cúpulas manipularan convenciones y «elecciones primarias» que legitimaran sus aspiraciones de poder.

Aun cuando el PLD logró en 1996 elegir a un candidato unificador: Leonel Fernández por amplio margen, pero en el año 2000 su cúpula dominante no pudo resistir la tentación de imponer a su candidato favorito mediante prácticas «non santas», que llevaron a ese partido a perder esas elecciones con un humillante 24% de los votos; y el PRD por su parte consiguió elegir en el 2000 a Hipólito Mejía como su candidato, quien ganó por gran mayoría, aunque tuvo que entregar a uno de los precandidatos (Hatuey De Camps) el cargo de Presidente del Partido para evitar que éste le echara «un pelo en el sancocho» tratando de desconocer la validez del proceso interno; y más tarde el grupo ganador se adueñó de los principales cargos electivos en el 2002 y de la repostulación presidencial para el 2004 que culminó en una derrota aplastante del Partido PRD 57% al 32%. Finalmente, en el PRSC, tras la muerte de su líder fue incapaz de arbitrar sus primarias del 2003, lo que produjo una grave fractura de su militancia y dirigencia, que culminó con un fracaso electoral que redujo su caudal de votos a solo un 8% del total computado.

Pero no se trata de un problema de la República Dominicana solamente. Tal como señala el reciente informe del PNUD sobre la Democracia en América Latina, la democracia puramente electoralista sin transparencia ni equidad, está produciendo un creciente descontento en toda la América Latina, acompañado de falta de credibilidad en los partidos políticos.

Los casos de Venezuela y Perú, para no mencionar más de dos, indican que la falta de transparencia y o deterioro de los partidos, porque el afán de sus cúpulas de controlar todo el poder, y usarlo en beneficio de unos pocos, está generando una crisis de gobernabilidad en el sistema político de nuestros países.

Pero aún en los Estados Unidos, la manipulación de las candidaturas a todos los niveles por parte de las cúpulas, o de grupos de líderes reunidos en «caucus» o convenciones, condujeron a un proceso que se inició hace cerca de un siglo, de reformas políticas para diafanizar el sistema electoral, entre cuyos elementos se destaca el establecimiento de elecciones primarias universales, controladas en más del 80% de los estados por las autoridades electorales estatales.

Entre los casos más connotados de manipulación de las cúpulas que se daban en los Estados Unidos fueron el del Estado de Nueva Orleáns, donde una sola familia: los Long, mantuvo por varias décadas el control de la mayor parte de los puestos electivos; y el del Partido Demócrata de Nueva York, que se mantuvo por mucho tiempo controlado por un grupo de líderes inescrupulosos en torno al «Tammany Hall». Las elecciones primarias vinieron a resolver esa situación y en Latinoamérica países como México y Honduras ya han dado también pasos firmes en ese sentido.