JUAN BOLÍVAR DÍAZ
La reunión del equipo económico del Gobierno del pasado lunes se encontró con el informe de un exceso de gasto por más de 4 mil millones de pesos en el primer cuatrimestre del año, lo que evidentemente está relacionado con la campaña electoral, guardando una tradición que hace tiempo debimos haber superado.

De ese encuentro presidido por el presidente Leonel Fernández salió el anuncio de que se estaba prohibiendo el endeudamiento inconsulto de las instituciones del Estado, algo que ya había sido prohibido mediante el decreto 1523-04 del mismo mandatario, fechado el 2 de diciembre del 2004.

Urgido por la necesidad de cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que prohíbe el déficit fiscal, se concluyó exhortando a los organismos recaudadores a que no den la más mínima tregua y a las dependencias estatales que se atengan estrictamente a lo presupuestado.

Los ingresos gubernamentales en el primer cuatrimestre del año sumaron 57 mil 247.6 millones de pesos, mientras los gastos ascendieron a 61 mil 620 millones, lo que implica un déficit de 4 mil 372.4 millones de pesos, equivalente a 7.7 por ciento, según los datos del último informe de la Oficina Nacional de Presupuesto.

Cuando se conozca la ejecución de mayo seguramente que el déficit será mayor.

Es relevante cómo se disparó el gasto gubernamental durante marzo y abril, lo que obviamente está relacionado con la campaña electoral. Los egresos pasaron de 11 mil 388.3 millones en febrero, a 20 mil 928.2 millones en marzo para un crecimiento de 9 mil 539.9 millones, equivalentes a un abultado 84 por ciento, sólo en un mes. En abril el gasto se redujo un poco para totalizar 17 mil 294 millones de pesos, pero todavía muy por encima de enero y febrero.

En otra perspectiva, los ingresos de marzo-abril fueron de 29 mil 298.9 millones de pesos, y los egresos de 38 mil 222.2 millones para un déficit de 8 mil 923.3 millones de pesos, equivalente al 30 por ciento.

Ese desbordamiento coyuntural del gasto, como el hecho de que se hubiesen olvidado del decreto que limita el endeudamiento, son signos inequívocos del atraso institucional dominicano. Se emiten decretos y disposiciones de supuesta austeridad para consumo de la opinión pública. Tanto que meses después se repiten como si nada.

Tal como adujo alguien cuando llamábamos la atención sobre el déficit, eso ocurrió también en el pasado gobierno. Y en el antepasado y en los anteriores. Baste recordar que en las campañas electorales de 1990 y 1994 el derroche gubernamental llegó al grado de quebrar hasta la Lotería Nacional, dejando mal paradas a las empresas estatales.

En las últimas campañas electorales ya no pudieron quebrar la Corporación de Empresas Estatales, ni el Consejo Estatal del Azúcar, porque hace tiempo que fueron agotados. Entre los factores que descompusieron la administración de Hipólito Mejía estuvo el desbordamiento del gasto en la campaña para las elecciones del 2002 en las cuales el partido gobernante cosechó un gran triunfo, lo mismo que acaba de ocurrir el mes pasado.

Hasta mitad del 2002, el Gobierno había navegado con bastante acierto, pese al desfavorable escenario internacional de aquellos tiempos. Hasta junio el crecimiento económico del año estaba cifrado en 6 por ciento y la inflación en 3 por ciento, mientras la tasa cambiaria se mantenía en 18 pesos por dólar.

Pero los desequilibrios fiscales de la campaña tuvieron pronto repercusión y en septiembre, con el anuncio del fin del subsidio a la electricidad, la tarifa energética se elevó en 40 por ciento y allí comenzó la debacle, que en los meses siguientes sería multiplicada por la quiebra de tres bancos.

Al compás del triunfalismo y la prepotencia generada por el resultado electoral se produjeron otros desbordamientos, de tipo político, como la mezquina reforma constitucional para restablecer la reelección y la imposición de una Junta Central Electoral a la medida del interés del partido que dominaba los pediréis Ejecutivo, Legislativo y Municipal. A partir de ahí el régimen perdió la brújula para no recuperarla jamás, con los consiguientes costos económicos y políticos.

Hay que recordar esos acontecimientos para que sirvan de lección, ya que estamos en una circunstancia bastante parecida. Y las debilidades institucionales persisten en contraposición con un discurso modernista y mil promesas de reformas y fortalecimiento de las instituciones.

También tenemos que seguir reclamando que esta nación supere miserias institucionales como esa del desbordamiento del gasto gubernamental en las campañas electorales. Algo inconcebible en países donde se respete la ley y el interés nacional esté por encima del partidista.