LA PAZ (AFP).- Las huelgas departamentales (provinciales), que paralizan por tercer día consecutivo dos importantes regiones de Bolivia, arrinconaban aún más al presidente de Bolivia, Carlos Mesa, pese las concesiones efectuadas la víspera por su administración.

   A pesar de la decisión presidencial de la víspera, de revocar la concesión a la francesa »Aguas del Illimani», filial del poderoso grupo económico Suez Lyonnaise Des Eaux, la ciudad andina de El Alto permanecía aún en pie de guerra, a pesar de haberse satisfecho su principal exigencia.

   En medio de una creciente tensión social, sus vecinos controlaban todas las vías de acceso, incluso un tramo largo de la autovía que la vincula con La Paz, pese a que el gobierno de Mesa remitió a primera hora el decreto de resolución del contrato con »Aguas del Illimani» a la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), organizadora de la protesta.

   Los vecinos exigieron anoche la suscripción del documento y recién el miércoles por la tarde, tras una serie de consultas a mediodía, podrían levantar la medida de fuerza tras una serie de asambleas distritales.

   «Esperamos, en la medida en que este documento (por el decreto de rescisión) responde a las demandas de la asamblea de Fejuve, que ya se pueda resolver el conflicto», alentó el encargado gubernamental de resolución de conflictos, Gregorio Lanza.

   Sin poder dejar de centrar su atención en El Alto, foco de una sangrienta revuelta popular que en octubre de 2003 tumbó al presidente liberal Gonzalo Sánchez de Lozada, la administración Mesa intentaba sin éxito hallar coincidencias con los dirigentes cívicos de la ciudad de Santa Cruz (900 km al este de La Paz), la región más rica del país, que cumple el segundo y último día de una huelga.

   El cívico Comité Pro Santa Cruz, ahora abiertamente opuesto a Mesa, rechazó una serie de medidas oficiales destinadas a reactivar la economía agraria en esa zona del país, tales como inversiones para la producción de biodiésel en el país, rebaja de gravámenes y facilidades para importar equipos.

   «Las normas dictadas son ofensivas a nuestra unidad departamental y no las aceptamos, por eso el paro continúa», respondió el líder cívico Rubén Costas.

   Al tiempo de amenazar con la convocatoria a un paro indefinido desde el lunes si Mesa no rectifica su decisión de elevar el precio de los combustibles, Costas criticó que «observamos una absoluta incapacidad para gobernar» y acusó a Mesa de aumentar impuestos «para seguir mamando».

   Pese al inminente repliegue de las fuerzas alzadas en El Alto, la crisis boliviana tendía a profundizarse después de que grupos de ciudadanos cerraran calles y avenidas en La Paz al llamado de una organización cívica, que también exige que se revoque el aumento del precio de los combustibles.

   Mientras, un millar de marchistas ganó la principal avenida de la residencial zona sur de La Paz para exigir el retiro también de la operadora de electricidad Electropaz, del grupo español Iberdrola, y de Telecom italiana, que gerencia las telecomunicaciones en Bolivia. Ambas empresas con sede en La Paz.

   De otra parte, el líder agrario Felipe Quispe, anunció el corte de las rutas andinas que comunican La Paz con el Altiplano y éste con Perú y Chile, en demanda de atención a un antiguo petitorio de 70 puntos.

   «No tenemos miedo, vamos a tumbar a Carlos Mesa», amenazó.