La política policial de ejecución de presuntos delincuentes, en los denominados  intercambios de disparos ha proseguido con alta tasa durante este año, cuando según el informe oficial de la Procuraduría llegarían a unos 340, un centenar menos que en el 2008,  pero para la Comisión Nacional de Derechos Humanos pasarían de 500.

En cualquier caso el número de muertos a manos de la PN, que contribuye a una elevada tasa de homicidios, sigue ocasionando alarma en los sectores más conscientes de la sociedad, en contraste con las máximas autoridades nacionales que parecen auspiciar una política que violenta el derecho fundamental a la vida.

De 340 a 500 muertos

El año pasado los muertos a manos de agentes policiales oscilaron entre 450 y “casi 500” según las estadísticas de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que preside Manuel María Mercedes. Los estimados para este año difieren considerablemente, pues mientras la contabilidad oficial los cifraba en 254 hasta septiembre, la comisión los eleva 400 en un informe dado a conocer esta semana en ocasión del Día Internacional de los Derechos Humanos.

Las estadísticas de la PGR se nutren de dos fuentes: la Policía Nacional y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, cuyas diferencias suelen ser de poca significación. El informe de Septiembre  registra 254 muertes por “acción policial” en los primeros 9 meses del año, lo que implica 28.2 por mes, casi uno diario, lo que proyectado a los 12 meses del 2009, arrojaría unos 340.

En cambio la CNDH indica que “en los denominados intercambios de disparos -enfrentamientos entre autoridades y supuestos delincuentes- han muerto cerca de 400 personas”, asegurando que en su gran mayoría se trató de “apresados con vida y luego ejecutados”.

En una entrevista en Teleantillas Mercedes aseguró que ese balance es hasta  septiembre y elaborado en base a recortes de los periódicos que mostró. Proyectada a los 12 meses terminaría en 533, lo que implicaría un aumento del 16% en relación a los 450 del año pasado y los 437 de 2005, que fueron los mayores registros. Sería la primera vez que sobrepasa el medio millar. En el 2007 se estimaron en 345.

Generalmente hay diferencias entre las cifras policiales y las de la CNDH y el Comité Dominicano de los Derechos Humanos que preside Virgilio Almánzar, los cuales suelen aducir que las autoridades ocultan muchos casos, pero nunca tantos como esta vez, cuando las primeras son menores en más de un 50%. La diferencia se atribuye también a que muchos que mueren en los hospitales quedan registrados como heridos.

La tasa de homicidios

Las estadísticas de la PGR sobre  muertes a manos de agentes policiales se reducirían este año en 25%  en relación al récord histórico de 2008, lo que no se corresponde con lo percibido. Pero aún así es casi un muerto por día y equivalen al 15% de los 1,701 homicidios registrados en todo el país en los primeros 9 meses del año.

La tasa de homicidios es estimada este año en 23.25 por cada cien mil habitantes, en reducción en relación al 24.94 de 2008, pero superior a la de 20.53 de 2007. Si se le restan los caídos por balas policiales se reduciría a 19.78.

Enero fue el mes de mayor tasa de muertos por la PN, cuando cayeron 40,  para un 25.83 por cien mil habitantes, y la menor fue en julio, que sólo fueron 11, para una tasa de 1.35, según las estadísticas oficiales.

La dimensión del problema puede ser percibida también cuando se compara la tasa de muertos por la PN en lo que va del año, que es de 3.46, con la de los muertos por delincuentes, que es de 9.01, pues equivale al 38%.

La tasa de muertos por la Policía llama la atención no sólo de dirigentes de organismos relacionados con los derechos humanos, sino hasta de funcionarios vinculados al combate de la delincuencia. Un latino que trabaja para la policía de Nueva York resaltaba el año pasado que en todos los Estados Unidos los muertos a manos de los agentes del orden habían sumado 391 en el 2007, sólo 46 más que los 345 estimados en el país ese año. Sólo que la población norteamericana es unas 33 veces la de República Dominicana.

Asesinatos múltiples

Las actuaciones policiales cotidianas ya no llaman mucho la atención de una sociedad acostumbrada a ver como normal que un simple policía decida quién vive o muere en los barrios pobres, en la mayoría de los casos jóvenes que se inician en la delincuencia, pero con mucha frecuencia personas inocentes. Con el agravante de que los errores o equivocaciones no pueden ser enmendados cuando se ha aniquilado una vida.

Lo que genera escándalo son los asesinatos múltiples, que en varias ocasiones han llegado a cuatro y cinco en un solo acto. HOY cifró en 121 las personas muertas por la PN en casos múltiples en los últimos tres años. El mayor de este año, según el informe de la CNDH ocurrió el 12 de febrero cuando una patrulla mató a cinco presuntos delincuentes en el ensanche Isabelita, del municipio Santo Domingo Este.

En algunos casos las documentaciones de los medios de comunicación obligan a investigar y a veces se concluye en sometimiento a la justicia de agentes responsables de verdaderas ejecuciones. Justamente el pasado jueves 10, en el Día de los Derechos Humanos, un tribunal penal del Distrito Nacional condenó a 10 años de cárcel a dos policías que el 30 de diciembre del 2008 asesinaron a cinco hombres en el parque Mirador del Sur. Con el agravante de que la PN sostuvo que eran delincuentes y luego se determinó que se trataba de choferes públicos que no tenían prontuario delictivo.

Otro grave escándalo ocurrió en enero pasado cuando se anunció que tres jóvenes vinculados al narcotráfico habían sido muertos en Puerto Plata en un intercambio de disparos con una patrulla policial. Los testimonios dieron cuenta de una masacre y la investigación arrojó que fue un encargo de una banda de narcotraficantes.

La propensión de los agentes policiales a utilizar sus armas quedó patente el lunes pasado cuando una patrulla hirió de balas a cinco en el barrio capitalino de La Ciénega que se oponían al maltrato de un enajenado mental. En los últimos dos meses se registran dos casos de personas muertas dentro de centros de salud y un tercero cuando salía de otro.

Pero el caso más escandaloso del año parece haber sido la ejecución en octubre de Cecilio Díaz y William Batista Checo, vinculados al secuestro del joven de Nagua Eduardo Baldera, asesinados no obstante haber sido entregados a autoridades policiales y de la Marina de Guerra con múltiples testigos, y en el segundo hasta con fotografías. El mismo jefe de la PN figuró entre quienes ofrecieron informaciones de la “heróica” actuación policial, tras la que anunció ascensos. 

La firmeza de un simple alcalde pedáneo y de numerosos campesinos, y la fotografía de Batista Checo dentro de un auto patrullero, obligaron a las autoridades judiciales a designar una comisión investigadora, integrada por el Procurador General adjunto, una procuradora fiscal provincial y un mayor general de la Policía. La conclusión de que se trató de ejecuciones y la recomendación de procesos judiciales han sido cuestionadas hasta por el secretario de Interior y Policía, que en otras ocasiones ha responsabilizado a sus agentes de elevar la tasa de homicidios. Pero ante el escándalo que salpica hasta las máximas autoridades policiales, parece que se impone la defensa de lo que se señala ya como una política de Estado.