En el segundo día de visita de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) las denuncias sobre suspensión de documentos continuaron de parte de familias completas que han sido afectadas por la anulación de sus documentos a través de la resolución 12-2007 de la Junta Central Electoral (JCE) y la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC).

El escenario sirvió para que se presentaran otras quejas por discriminación y violaciones a derechos de propiedad e identidad. Las mujeres llegaban con sus niños pequeños, hasta recién nacidos, que no han podido ser declarados porque sus padres no tienen documentos.

Según directivos del Movimiento Reconoci.do, se aproximan a 2,000 los casos llevados ante la CIDH, para lo que se crearon diversos mecanismos para agilizar el proceso. Solo cuatro abogados reciben a los afectados y ante la masiva asistencia se decidió llenar formularios de denuncia/petición en otros puntos. Los receptores de las denuncias en el club de profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) son Sofía Galván, de México; Martha Tavárez, de Venezuela; Yuri Romañá y Catalina Martínez, de Colombia.