QUITO (AFP).- Las protestas de los reclusos de varias cárceles de Ecuador para reclamar rebajas de penas y solución al hacinamiento se mantenían este miércoles por segundo día consecutivo, con saldo de cinco heridos y unas 340 personas retenidas, incluidos niños, mientras el gobierno intentaba negociar con los presos una salida a la crisis penitenciaria.

Las revueltas se mantenían en la cárcel número dos de hombres de Quito y en el reclusorio de mujeres del puerto de Guayaquil, 275 km al suroeste, en los cuales los internos mostraban brutalidad.

La violencia se concentró en la penitenciaría número dos de la capital ecuatoriana, donde unos 600 detenidos (cifra que duplica la capacidad de la instalación) desobedecían las disposiciones de los policías y guías (vigilantes) penitenciarios, quienes armados intentaban restablecer el orden.

«Queremos justicia, queremos justicia», reclamaban a gritos los internos de ese penal, quienes retuvieron a unas 150 personas, entre ellos numerosos niños, para exigir atención de las autoridades. Otras cinco empleados del sistema penitenciario también están retenidos.

Además de las rebajas de penas y la desconcentración de la población carcelaria (12.600 reclusos en las 33 prisiones del país, que tienen capacidad para seis mil), los detenidos demandan la aplicación de la Constitución, que establece que quienes hayan cumplido un año de prisión sin sentencia deben ser liberados de manera inmediata.

Aunque el nivel de virulencia había bajado en la cárcel de mujeres de Quito, las reclusas continuaban controlando el sitio y reteniendo a unas 180 personas, incluidos cinco periodistas.

En la prisión de mujeres de Guayaquil, las internas retuvieron el miércoles a dos policías y los ataron a árboles junto a tanques de gas de uso doméstico que amenazan con hacer estallar si sus demandas no son atendidas «de una vez por todas», según imágenes retransmitidas por la televisión.

La historia se volvió a repetir en esa instalación carcelaria, pues la víspera retuvieron momentáneamente a dos uniformados y a un guía penitenciario, a quienes también amarraron a árboles y al lado de tanques de gas.

Mientras los presos protestan, el Ejecutivo, a cuyo cargo está el sistema penitenciario, buscaba un arreglo a la crisis.

El ministro de Gobierno (Interior), Raúl Baca, sostenía una reunión a puerta cerrada con el presidente del unicameral Congreso Nacional, Guillermo Landázuri, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Hugo Quintana.

Para el gobierno nacional, la responsabilidad de la crisis penitenciaria debe ser compartida, pues corresponde al Parlamento decidir sobre las rebajas de penas, lo que amerita una reforma del Código Penal, y al poder judicial la aplicación de la Carta Magna sobre la liberación de los presos sin sentencia.

Las protestas de los reclusos se da en medio de una huelga de los empleados del sistema penitenciario, que exigen la entrega de recursos.

Los presos del penal García Moreno, el principal de Quito, también continuaban en posesión de las instalaciones y Washington Grueso, vocero de los reclusos, dijo que «esta vez no vamos a dejarnos engañar».

Agregó que en varias ocasiones el gobierno ha prometido y no ha cumplido y advirtió que en esta ocasión «no vamos a ceder».

La colombiana Mercedes Torres, una de las líderes de la protesta, indicó que están a la espera de noticias de la diputada María Augusta Rivas, presidenta de la comisión de Derechos Humanos del Congreso, quien según dijo, se comprometió a conseguir un compromiso del Ejecutivo y del Legislativo para dar solución a la problemática carcelaria.

«Mientras no haya ese compromiso no levantaremos la protesta», dijo Torres.