El presidente Danilo Medina ha resistido presiones de sectores políticamente identificados con él pero que favorecen medidas radicales para el problema de la inmigración. Aplicando fórmulas propias, ha ganado respeto en el exterior y neutralizado intentos de aislar al país. La propia Naciones Unidas le ha reconocido avances en materia de derechos humanos. Con su moderación, sin dejar de mostrar firmeza cuando ha sido necesario, Medina ha conciliado posiciones con el régimen haitiano logrando importantes acuerdos. La reanudación formal de exportaciones de pollos y huevos al vecino territorio es casi un hecho. Además, autoridades haitianas vendrán a expedir documentos a sus compatriotas en el territorio nacional, lo que facilitaría conferirles estatus legal para estancias temporales o duraderas.

Falta definir un punto clave para superar confusiones y objeciones generadas por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre nacionalidad. Se acerca el momento en que el presidente Medina revelará un proyecto de ley de naturalización como alternativa para que descendientes de extranjeros afectados por el fallo puedan reclamar la nacionalidad y demostrar con testimonios y documentos que les corresponde. Esta opción deberá merecer el respaldo de la opinión pública y acogerse a compromisos internacionales sobre derechos humanos que el Estado soberanamente contrajo en el pasado. Esperemos.

 OTRAS PRESIONES DEL MISMO PALO

El presidente Danilo Medina ha dicho que no trata de hacer una buena obra porque quiera ser líder o reelegirse. Se ha adelantado a un predecible esfuerzo de seguidores suyos que querrían llevarlo a la pretensión de aprovechar su popularidad para que, creada alguna condición legal a contrapelo de lo establecido, pueda aspirar a la permanencia en el poder por cuatro años más.

Sin embargo, lo que más conviene al país es desechar enmiendas constitucionales acomodaticias y posibles fórmulas plebiscitarias para reponer la reelección desde el poder. Hay que oponerse a la supresión una vez más del esquema que propicia saludablemente la alternabilidad en el ejercicio de gobierno para fortalecer la institucionalidad. Las garantías de continuidad deben ser para los objetivos del Estado. El progreso debe descansar sobre planes de desarrollo de largo plazo, por encima de las coyunturas y las individualidades.