En el panorama de las compras y contrataciones públicas de la República Dominicana, el silencio administrativo en los recursos administrativos emerge como un síntoma preocupante de la falta de responsabilidad y transparencia en la gestión pública. Esta práctica, que consiste en la ausencia de respuesta por parte de las autoridades ante los recursos interpuestos por los ciudadanos o empresas, representa un serio obstáculo para el ejercicio efectivo de los derechos y la garantía de la legalidad en los procesos de contratación.

En primer lugar, es fundamental entender que los recursos administrativos son mecanismos establecidos por la ley para que los interesados puedan impugnar decisiones de la administración que consideren contrarias a sus derechos o intereses legítimos. Estos recursos, ya sean de reconsideración, apelación o cualquier otro, constituyen una vía indispensable para asegurar el respeto al debido proceso y la correcta aplicación de la normativa vigente en materia de contratación pública.

Sin embargo, el silencio administrativo en el contexto de los recursos administrativos introduce una peligrosa disfunción en este sistema. Cuando un ciudadano o una empresa decide ejercer su derecho a impugnar una decisión administrativa, lo mínimo que puede esperar es una respuesta por parte de las autoridades competentes. No obstante, en demasiadas ocasiones, lo que se encuentra es un vacío de respuesta que deja al interesado en un limbo jurídico, sin certeza sobre el estado o la viabilidad de su recurso.

Esta falta de respuesta no solo constituye una afrenta a los derechos de los ciudadanos, sino que también genera un clima de incertidumbre y desconfianza en el sistema administrativo. Los ciudadanos y las empresas deben tener la certeza de que sus recursos serán tramitados de manera diligente y transparente, y que recibirán una respuesta fundamentada que les permita conocer el resultado de su reclamación. El silencio administrativo, en cambio, alimenta la percepción de arbitrariedad y opacidad en la gestión pública, minando la confianza en las instituciones y socavando el Estado de derecho.

Además, el silencio administrativo en los recursos administrativos puede tener consecuencias especialmente graves en el ámbito de las compras y contrataciones públicas. En un contexto donde la competencia y la igualdad de condiciones son fundamentales para asegurar la eficiencia y la legalidad en los procesos de contratación, la falta de respuesta ante los recursos interpuestos puede abrir la puerta a prácticas corruptas o favoritismos indebidos. Los recursos administrativos son una herramienta crucial para corregir posibles irregularidades o abusos en los procesos de contratación, y su silenciamiento solo sirve para perpetuar la impunidad y la falta de rendición de cuentas.

Sin lugar a dudas, el silencio administrativo en los recursos administrativos constituye un eco de irresponsabilidad que resuena en el corazón mismo de nuestra democracia. Para construir un sistema de compras y contrataciones públicas verdaderamente transparente y eficiente, es imprescindible erradicar esta práctica y garantizar que todos los recursos interpuestos por los ciudadanos sean tramitados con diligencia y respeto a la legalidad. Solo así podremos asegurar que el Estado cumpla su deber de velar por el interés general y proteger los derechos de todos los ciudadanos.