Marien Aristy Capitán 
A pesar de que han pasado casi nueve meses de que el presidente Danilo Medina emitiera el decreto 392-16 que ordenaba la suspensión inmediata de la venta y reventa de los terrenos que la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde) había entregado a la compañía Titulatec en el sector Los Tres Brazos, el silencio rodea este caso desde el 29 de junio pasado cuando las autoridades interrogaron por segunda vez al exdirector de la institución, Leoncio Almánzar.
Ese segundo interrogatorio, realizado hace dos meses y medio, fue de casi cuatro horas. El primero, llevado a cabo el 20 de junio, fue mucho más largo: de doce horas consecutivas.
Ambos interrogatorios fueron hechos por el procurador Jean Alain Rodríguez y la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Laura Guerrero Pelletier, en la Procuraduría General de la República.
Al ser cuestionado al respecto, Almánzar insistió en que no vendió los terrenos de Los Tres Brazos, sino que los tituló y, por ello, calificó el caso como politiquero y populista. Jamás se ha vuelto a saber de él.
El inicio de todo. El 14 de diciembre del 2016 el periódico El Día publicó un extenso reportaje en el que denunciaba que Corde vendió a una empresa privada, por RD$80 millones, los 910,054 metros cuadrados en los que está la barriada de Los Tres Brazos. La empresa, a su vez, pretendía vender los terrenos a los habitantes que ocupaban el barrio desde hace 20 y 30 años.
El traspaso, según explicaba El Día, se hizo a la compañía Fernández Paraché y Asociados (Infepa) en el año 2010. Dicha empresa constituyó otra entidad, Titulatec, que era propiedad de José de Pool Dominici, quien posteriormente argumentaría que no estaba vendiendo los terrenos sino titulándolos.
La denuncia provocó que el 28 de diciembre de ese mismo año, mediante el decreto 392-16, el Poder Ejecutivo dispusiera la suspensión inmediata de venta y reventa, así como todo el proceso de desalojo de sus ocupantes, de los terrenos de Los Tres Brazos.
En el mismo decreto fue creada una comisión que presidió el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal; e integraron el director de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, José Dantés Díaz; y el director de Ética e Integridad Gubernamental, Lidio Cadet, quienes posteriormente rindieron un informe e hicieron las recomendaciones legales al presidente Danilo Medina.
El informe. El 31 de enero de este año la comisión designada para investigar la venta de Los Tres Brazos recomendó al Presidente anular el contrato tras considerar que es “cuestionable en su esencia misma” y se llevó a cabo en violación a la Constitución, la Ley de Reforma de la Empresa Pública y la Ley de Función Pública.
Sostuvo que el procedimiento interno para la aprobación de la venta de todo un barrio fue “precario e irregular” y que el esquema comercial fue altamente perjudicial para el Estado dominicano.
Además los comisionados manifestaron que el interés público fue lesionado por el privado y que Infepa y Titulatec establecieron un negocio con proyecciones de ganancias exorbitantes, a pesar de que sus inversiones fueron muy bajas.
Este informe fue remitido posteriormente al Procurador de la República, tal como lo informó el 3 de febrero de este año la propia Procuraduría a través de una nota de prensa. En esa nota se establecía que Rodríguez analizaría el informe “para determinar a la mayor brevedad si existen implicaciones penales alrededor de dicha transacción”. El análisis, al parecer, aún no ha terminado.
La destitución. El 10 de febrero del 2017, motivado por el escándalo que existía en ese momento en torno al caso, el presidente Medina emitió el decreto 16-17 mediante el cual destituyó a Almánzar y creó una comisión que dirigiría la disolución de Corde y de la Comisión de Reforma a la Empresa Privada (CREP).
La comisión que llevaría o lleva el proceso es la misma que hizo el informe: está integrada por el consultor jurídico, Flavio Darío Espinal; el director de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, José Dantés Díaz; y el director de Ética e Integridad Gubernamental, Lidio Cadet. No se ha dado a conocer, de forma oficial, en qué etapa está ese proceso.
El decreto también estipulaba que se iniciara la demanda de nulidad de la venta de los terrenos en Los Tres Brazos, proceso que están realizando los abogados Laura Acosta Lora y Nassef Perdomo.
Consultada al respecto, Acosta Lora explicó que desde ese momento iniciaron un proceso de investigación a los fines de poder incoar la instancia de litis sobre los derechos registrados, que depositarán a finales de este mes o principios de octubre.
“Estos meses los hemos dedicado a recabar todas las pruebas que nos permitan sustentar nuestros argumentos para anular esos procesos, sin perjudicar a los habitantes que habían adquirido ni a las instituciones financieras que habían financiado a dichos adquirientes”, sostuvo Acosta Lora, quien aseguró que trabajan arduamente en ello.
Cámara de Cuentas. Pocos días después de la destitución de Almánzar el presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Francisco Álvarez, reveló que en una auditoría que la entidad le realizó a Corde se detectaron irregularidades de tipo penales, civiles y administrativas que comprometían a Almánzar.
Dicho informe fue remitido a la Pepca, que hasta la fecha no se ha pronunciado al respecto. Quien sí lo hizo fue el Procurador, quien explicó el 25 de febrero de este año que el informe enviado por la Cámara de Cuentas no era acerca de las ventas irregulares de los terrenos, sino sobre el uso que le dio Corde a los beneficios que recibe de las acciones que posee en la Falconbridge Dominicana.
Esa auditoría fue remitida a la Pepca en octubre del 2016, agregó Rodríguez, quien explicó que la investigación abarcó el período 2004-2014 y reveló, entre otras cosas, que Corde no transfirió los recursos recibidos a los municipios que integran las provincias Monseñor Nouel, La Vega y Sánchez Ramírez, como ordena el decreto 152-94.
La auditoría forense en torno a la venta de los terrenos de Los Tres Brazos fue solicitada oficialmente a la Cámara de Cuentas el 9 de marzo de este año. A seis meses de aquella solicitud todavía no se sabe nada al respecto.
Tampoco se han dado a conocer los informes que el procurador pidió, en diciembre del año pasado, a una comisión del Ministerio Público que debía investigar la situación legal específica y el historial detallado de los terrenos que ocupan el vertedero de Duquesa y el sector de Los Tres Brazos, ubicados en los municipios de Santo Domingo Norte y Santo Domingo Este, respectivamente.
Esa comisión la integró el abogado del Estado y procurador fiscal ante la Jurisdicción Inmobiliaria, Gedeón Platón Bautista Liriano; el director nacional de Persecución del Ministerio Público, Juan Amado Cedano; y la titular de la Pepca, Guerrero Pelletier.
Solicitud. El Comité de Lucha por la Defensa de los Tres Brazos reclamó el jueves pasado que la Procuraduría someta a Almánzar a la justicia, así como a los demás implicados en la estafa de que fueron objeto con el intento de venta del barrio. Le exigieron, además, asumir su responsabilidad con transparencia y determinación para que el caso no quede impune.
Tras solicitar el inicio de la titulación de los terrenos que ocupan desde hace muchos años, los moradores de Los Tres Brazos se quejaron de que hace nueve meses la comisión designada por el Presidente de la República determinó que la venta del citado inmueble fue hecha ignorando disposiciones constitucionales y legales pero no se ha hecho nada.
¿Y los otros casos? El caso de Corde no es el único escándalo que involucra a Almánzar, quien hizo otras ventas cuestionables, tales como la de la mina de Sal de Puerto Plata y tres solares en la calle El Conde.
La venta de la mina de Puerto Plata fue realizada el 11 de enero del 2013, cuando Corde cedió la concesión de explotación de la mina “El Puerto” a la cementera Argos Dominicana, por la suma de US$95 mil, a pesar de que la Dirección General de Minería (DGM) estima que el valor real de esa propiedad no es menor a los US$5 millones, es decir, que el precio fue 53 veces menor al monto en que debió ser vendida.
La venta de los solares de El Conde, por otro lado, se habría realizado en el 2007 por un monto de RD$6 millones pero no fue hasta el 2010 cuando se supo porque en uno de los inmuebles vendidos funcionaba el Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (Codap), cuyos artistas fueron intimados a salir del local.
Otras ventas que también toca investigar son las de unos terrenos en el Ensanche La Paz, en el Centro de Los Héroes, donde se cedieron a particulares unas 130 porciones de tierras, específicamente en la cuadra ubicada entre las avenidas Italia, José Contreras y Abraham Lincoln; y en los Mameyes, donde vendió unas 40 porciones dentro de la parcela que comprende a este sector del referido municipio.
Una mina. Aunque fue imposible determinar si adquirió los derechos antes de entrar a Corde o comenzó a hacerlo estando en el cargo, actualmente Almánzar es el representante legal de la concesión de explotación de la mina La Palma, de caolín y arcillas, que está ubicada en La Vega.
La concesión, que data del 11 de diciembre del año 1981 y termina el 11 de diciembre del 2056, fue otorgada originalmente al comerciante Jorge Quiñones Marty, presidente de la firma Productos y Servicios Industriales.
Con una superficie de 176.00 hectáreas, la concesión aparece ahora a nombre de Productos Industriales S.A.
Por otro lado, Almánzar preside la Fundación Acción Social Popular, que fue incorporada mediante la resolución número 00071 del 23 de noviembre del 2016, “dictada por el Magistrado Procurador General de la República”, según consta en un anuncio publicado en El Nuevo Diario el 23 de diciembre del año pasado.
La fundación se dedicaría “a dar asistencia y servicios sociales en el campo de la alimentación, vestimenta, educación a personas de escasos recursos así como a niños, envejecientes, personas vulnerables e incapacitadas”, indica.
